La Abogacía del Estado, en un informe emitido en noviembre del 2015, remarca que en la gestión del Córdoba «concurren indicios de posibles actuaciones criminales». En una providencia del juez de Disciplina Social de LaLiga de febrero del 2016 se hace mención a los delitos de apropiación indebida, administración desleal y corrupción en los negocios en la etapa de Carlos González como máximo accionista del Córdoba CF, por lo que la entidad blanquiverde prepara una demanda contra el ex máximo accionista, cinco personas físicas y tres jurídicas. Dicha providencia, a su vez, fue la consecuencia de la auditoría realizada en su día por BdO, que detalla operaciones societarias y empresariales realizadas entre 2013 y 2016 en la entidad blanquiverde y tras la que el abogado del Estado-jefe, Óscar Sáenz de Santamaría Gómez-Mampaso, dictaminó que había claros indicios de varios delitos de administración desleal en el análisis de la documentación analizada en el expediente administrativo que aportó a la Abogacía del Estado el Consejo Superior de Deportes después de dicha auditoría.

Este periódico se puso en contacto con la entidad blanquiverde, que reconoció que al entrar la nueva propiedad hace un año se realizó una auditoría para conocer el estado exacto de la SAD y uno de los puntos clave para determinar lo realizado en esa etapa concreta, del 2013 al 2016, es el expediente disciplinario-sancionador 3/2015-16 derivado de la auditoría de BdO y que provocó el análisis realizado por la misma Abogacía del Estado.

Según fuentes de la entidad blanquiverde, el propio Córdoba lleva meses preparando una demanda contra Carlos González y otras cinco personas físicas más, así como tres jurídicas, porque entiende que «tanto Carlos González como Alejandro González se sirvieron del Córdoba en su propio beneficio, descapitalizando el club en favor propio y de sus empresas personales de forma directa y valiéndose de terceras personas de su confianza, así como de una serie de sociedades administradas por estos últimos a través de un entramado societario y de operaciones jurídicas y financieras complejas, desarrolladas para enmascarar esos actos de despatrimonialización en beneficio propio y de dichas sociedades, causando importantísimos daños económicos» al Córdoba CF. Entre otros, el Córdoba entiende que «los tres millones de euros de prima por el ascenso que Ecco Documática debía pagar a Prasa por el ascenso a Primera salieron del propio club». Asimismo, constan en los balances un préstamo del Córdoba a Ecco por 910.971,17 euros «para pagar las deudas que mantenía Ecco con la Agencia Tributaria, deudas que convertían en inminente un embargo de las acciones del Córdoba CF a Ecco. Posteriormente, Carlos González pagó el derecho de cobro de dicho préstamo por 954.997,28 euros». En la demanda que prepara la entidad blanquiverde se especifica también que el Córdoba asumió obligaciones laborales de empleados de las empresas de González en perjuicio del Córdoba.

Pero existen dos aspectos aún más graves: la relación del Córdoba con el agente Salva Sánchez y su empresa, Football Management Sánchez SL (FSM) y el tristemente famoso reparto de dividendos de 1,5 millones de euros realizado por el Córdoba durante aquella etapa. Sobre este último aspecto, Fernando Puig de la Bellacasa, subdirector general de Deporte Profesional y Control Financiero, en representación del Consejo Superior de Deportes determinó que el reparto de dichos dividendos a cuenta no era legal y suponía un «incumplimiento de la normativa mercantil en materia de aplicación de resultado». La operación posterior, de supuesta devolución y vuelta al cobro de dichos dividendos merecen un capítulo especial que se ampliará en los próximos días. El primero de esos dos últimos aspectos más graves es el de FSM, que tanto por los informes de LaLiga como por los expertos contratados por la entidad blanquiverde se convirtió en una empresa clave para los movimientos de González dentro del Córdoba, al punto de que, por ejemplo, el proceso por el que se abonaron a Prasa aquellos tres millones de prima por el ascenso no hubiera podido hacerse sin la intervención de FSM. De hecho, FSM llegó a realizar un préstamo como teórica ayuda a la construcción de la fallida ciudad deportiva y también tuvo un contrato de gestión deportiva del club «cuando en el mismo había, a la vez, un director deportivo y un secretario técnico». La batalla legal ha vuelto al Córdoba.