Jesús Maeztu es una de esas personas apasionadas e incombustibles ,capaz, a sus 74 años, de recorrer Andalucía en defensa de los derechos sociales mientras se muestra infatigable ante la ciudadanía y ante los medios, dando explicaciones de las mil y una quejas que llegan a su despacho. Según relata, le gratifica saber que puede ayudar a la gente aunque también se siente impotente cuando conoce las necesidades de muchas personas a las que no les llega a su debido tiempo una solución a sus problemas.

-El otro día no fue al Parlamento precisamente a hacer amigos, al menos en el Gobierno.

-Bueno, eso es lo que trasciende en los titulares, donde no caben los matices. Yo he expuesto unos hechos que se deben en unos casos a falta de financiación, sin señalar a qué administración correspondería aportarla, y quejas achacables a mala gestión como los retrasos en el pago de las ayudas al alquiler o a que no se ejecutan los presupuestos. Yo no hablo de toda la sociedad sino de las quejas que llegan al Defensor del Pueblo. A partir de ahí luego cada uno lo cuenta a su manera y la oposición aprovecha también para hacer política. Lo que está claro es que la crisis sigue presente en la vida de muchas familias.

-¿Está contento usted con el trabajo de los políticos?

-Creo que hay deficiencias. Cualquier apreciación de conjunto es injusta, pero se ve que a muchos políticos les falta tener el análisis de la calle porque están en materias alejadas de los intereses de la gente, de la vida real. Marean mucho la perdiz con asuntos que no son la prioridad de la población. Además, la gente lo está pasando tan mal que cuando ven los casos de corrupción... Eso perjudica la calidad democrática y merma la credibilidad de los políticos, hiere mucho, porque la gente lo que quiere es que los responsables políticos se pongan a trabajar para solucionar los problemas.

-Su función es abrir los ojos a las administraciones, a las que a veces da la sensación de que los informes les resbalan un poco.

-Estamos en un sistema democrático y hay temas sangrantes como la falta de residencias para mayores o el colapso de ciertos órganos judiciales, como los que tratan las cláusulas suelo, que hacen que algunos se mueran esperando, en los que hay que apretar y para eso estoy yo.

-¿Cómo fue el 2017 para Córdoba?

-Córdoba no destaca por un asunto concreto este año. Se han registrado 574 quejas en la provincia, entre las que hay más de mil quejosos por la protección del castillo de Belalcázar. El 56% de las quejas que recibimos tienen que ver con deficiencias en políticas sociales, como el resto de Andalucía, sobre asuntos que tienen que ver con los servicios sociales, el empleo, la educación y la vivienda sobre todo. Hemos recibido algunas quejas porque no se ha aplicado la exención de matrícula a estudiantes con discapacidad en la Universidad de Córdoba y también iniciamos una queja de oficio por el vertido de orujo en Pedro Abad, lo que nos llevó a solicitar informe de la CHG sobre si se había iniciado expediente sancionador. Además, seguimos recibiendo quejas por el cierre de vías pecuarias, algunas intransitables, y estamos a la espera, un año después, de que nos contesten al respecto.

-Hay asuntos como el derecho a la vivienda en el que no se avanza.

-El año pasado no se contruyeron viviendas públicas y este año tampoco. Así no avanzamos porque no hay alternativa habitacional. Por eso hay que volver a invertir en construir viviendas públicas y hay que tomar medidas desde el Estado para adquirir viviendas que se quedan vacías con el fin de ofrecer alquileres sociales. Cada vez hay más demandantes de vivienda protegida, algunos llevan años. Y las ayudas al alquiler de la Junta, que podrían servir para evitar desahucios, no lo están haciendo en muchos casos por la falta de agilidad en la gestión. De eso nos llegan muchas quejas.

-Hoy se reúne con el Laboratorio Antidesahucios de la Universidad de Córdoba, ¿reciben muchas quejas por este tema?

-Ha habido un cambio en este asunto, hay menos desahucios porque hay ayuntamientos que están estableciendo medidas, convenios con jueces y tribunales para avisar a las instituciones, hay políticas de alternativa habitacional, pero como no hay viviendas disponibles, la solución es difícil. Hay más desahucios por impago de alquiler y de desalojos por ocupaciones sin título, en los que hemos observado que ha cambiado la posición de las entidades financieras, que han optado por no regularizar las situaciones con alquileres sociales. Pero además, todo esto se está agravando por la especulación que se da ahora con el alquiler, los fondos de inversiones están comprando bloques enteros y se está creando una nueva burbuja, ahora de alquiler. La vivienda se vuelve a ver como un producto con el que traficar, no aprendemos, tenemos poca memoria, ya hay gente que está comprando vivienda como renta.

-¿Qué porcentaje de las quejas que reciben se resuelven satisfactoriamente?

-En el 94% de los expedientes en los que se aprecia una irregularidad, la Administración afectada acepta la recomendación y ha rectificado o está pendiente de ejecutarlo. Un 6% no atiende nuestra resolución y eso lo trasladamos al Parlamento. Además, el servicio de mediación de la Defensoría ha permitido un 80% de acuerdos entre las partes implicadas en un conflicto. En todos los conflictos en los que se ha mediado se ha logrado una solución pactada .