El 35% de la vivienda que se construye en Córdoba es de protección oficial, mientras que el 65% restante corresponde a inmuebles de régimen libre. Esas son las estimaciones del secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Construcor, Francisco Carmona, que detecta una «reactivación» en este sector, que ha estado bajo mínimos desde que se perdieron las ayudas públicas. La diferencia de precios entre la vivienda libre y la VPO empieza a ser mayor, lo que provoca que «para determinadas capas sociales, la VPO sea una alternativa frente a la vivienda libre y a la usada».
Carmona explica que la mayor parte de la vivienda protegida que se está promoviendo es de «iniciativa privada, mientras que de pública hay poca». Carmona considera que la empresa pública Vimcorsa debería promover más vivienda de alquiler y opina que comprar suelo para levantar VPO en régimen de venta supone «ir contracorriente de la política que se defiende», ya que los planes estatales y autonómicos «propugnan el impulso de la vivienda en alquiler».
El secretario general de Construcor asegura que «ahora mismo hay suelo suficiente para llevar a cabo promociones de VPO al ritmo que se mueve la demanda». En cambio, añade, «si de aquí a dos años hay un ‘boom’ de la VPO nos podemos encontrar con una situación de colapso», que, no obstante, no espera. Construcor es más partidaria de revisar el plan municipal existente que de hacer uno nuevo. Según datos del Ministerio de Fomento, en lo que va de año no se han pedido autorizaciones (calificaciones provisionales) para promover VPO y el año pasado solo se solicitaron 90.
