El Comité Provincial de ASP Córdoba ha denunciado "el acoso y la persecución mediática que están sufriendo, vulnerando su presunción de inocencia, los agentes de Policía Nacional acusados de una supuesta agresión en el trascurso de una intervención policial", que concluyó con la detención de un individuo y "donde se está intentando dar un giro total a los hechos y enturbiando lo que realmente sucedió".

El Secretario Provincial de dicha organización sindical, Manuel Heredia, recuerda que el detenido se pudo acoger a procedimiento especial del habeas corpus, recogido en el artículo 17.4 de la Constitución y desarrollado en la LO 6/1984, con el que se pretende poner remedio rápido y eficaz a los supuestos en que no concurran los requisitos legales justificantes de la detención, o cuando la misma transcurra en condiciones ilegales, cosa que el mismo, tras ser informado tanto verbalmente como por escrito, declinó, según sostiene el sindicato.

"No es de recibo que, desde la información sesgada que se viene ofreciendo, no se mencione que uno de los funcionarios de policía, implicados en la detención, también resultó desafortunadamente lesionado. La aparición en escena de partidos políticos, sindicatos y diversas asociaciones, que muestran su apoyo en redes sociales y en medios de comunicación al privado de libertad el día 18, no nos deja otro camino que el de romper una lanza a favor de la altísima profesionalidad de los funcionarios actuantes, ya que el principio de derecho onus probandi "representa que quien realiza una afirmación posee la responsabilidad de probarla después".

"La gravísima acusación de que la intervención policial fue a raíz de la ideología política del detenido, para una policía democrática y llena de valores donde no se actúa discriminando por sexo, raza o religión, hace que esta Secretaría Provincial se plantee iniciar acciones legales, ya que los delitos de odio, tan sensibles hoy día en nuestra sociedad, son fuertemente perseguibles por las Fuerzas y Seguridad del Estado y es inadmisible que se lesione la dignidad de los agentes".

Por último, el sindicato deja constancia de que "entendemos que la intervención policial estuvo totalmente ajustada a derecho, mostrando nuestro más sincero apoyo a los funcionarios implicados en los hechos y esperando que el sistema de justicia se pronuncie en el asunto".

La subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, se ha vuelto a referir hoy a este asunto y ha reiterado que "hay que ser prudentes" y esperar al proceso judicial.