El empresario cordobés Rafael Gómez ha afirmado hoy que "la prisión de Córdoba no me gusta, está demasiado cerca de mi casa", al ser preguntado por la cárcel en la que ingresará una vez que le han notificado el auto en el que el juez le deniega la suspensión de la pena.

A la salida de la Ciudad de la Justicia, ha declarado a este periódico que "no sabemos todavía" el centro que elegirá para cumplir la condena a cinco años y tres meses de prisión, que le ha sido impuesta por la comisión de dos delitos de fraude contra la Hacienda Pública.

En este sentido, no ha querido valorar la posible lejanía de su familia si decide entrar en una prisión de otra ciudad, aunque su hija Esther, que le ha acompañado, ha asegurado que "la familia vamos donde estén ellos".

Rafael Gómez ha destacado que se encuentra "contentísimo" a pesar de que el el juzgado de lo Penal número 3 ha decidido que no se vuelva a retrasar el cumplimiento de la pena, como había solicitado el empresario al estar pendiente de que se resuelva su petición de indulto.

El también exconcejal de Unión Cordobesa en el Ayuntamiento de Córdoba ha subrayado que "yo sí sé que soy inocente y lo sabe todo el mundo", una idea en la que ha insistido en distintas ocasiones, haciendo hincapié en que "todo el mundo sabe que soy inocente".

Además de esto, ha salido al paso de algunos rumores que apuntan que podría estar molesto con el trato que ha recibido en la ciudad y ha puntualizado que "yo no estoy disgustado con Córdoba, ¿por qué iba a estarlo?".

Gómez ha confirmado que ha preparado una carta para los medios de comunicación, aunque, consultado por su contenido, ha manifestado que no quiere contar "nada", avanzando que "ya os la darán" y que en estos momentos prefiere estar "tranquilo" junto a su familia.

Una vez que le ha sido notificado el auto del juez, el empresario tiene cinco días para ingresar en prisión, por lo que será el lunes de la próxima semana cuando se cumpla este plazo (el martes contaría como un día de gracia).

Hasta el momento, distintas fuentes han barajado la posibilidad de que elija las ciudades de Málaga o Melilla para cumplir su condena de cárcel. A esta pena se suman una multa de en torno a 112 millones de euros y la obligación de indemnizar a Hacienda con alrededor de 29 millones de euros, la cantidad que la Justicia entiende que ha defraudado a través de dos empresas.