Cuatro años y una semana después del estallido del 'caso Maristas', el Instituto de los Hermanos Maristas ha firmado un acuerdo con la asociación Mans Petites, creada por Manuel Barbero, padre de una víctima, para compensar económicamente a los alumnos que sufrieron abusos sexuales mientras estuvieron escolarizados en centros catalanes propiedad de la orden. La comisión de reparación, cuyo nacimiento se ha rubricado este lunes al mediodía en presencia de un notario, arrancará con 31 víctimas. Queda en el aire saber qué ocurrirá si aparecen más. Porque las hay.

La investigación de EL PERIÓDICO que destapó el escándalo ha acumulado 51 denuncias policiales contra 18 docentes (12 hermanos religiosos, cinco profesores seglares y un monitor de comedor) de los colegios de Sants-Les Corts, la Inmaculada y Anna Ravell (Barcelona), Champagnat (Badalona), Valldemia (Mataró) y Montserrat (Lérida) por hechos acaecidos entre 1962 y el 2018. Este diario, además, localizó a más víctimas que no presentaron denuncia de estos colegios y de otros colegios de Vic o Gerona. En total, casi un centenar de afectados.

Fuentes del Instituto de los Hermanos Maristas confirman el acuerdo, subrayan que la "voluntad" de "reparar" a las víctimas es anterior al contrato con el colectivo Mans Petites y afirman que seguirán "trabajando en el mismo sentido". También aclaran que la voluntad de la comisión es trabajar lejos del foco mediático y que los resultados se harán públicos cuando esta finalice. La creada este 10 de febrero no es una comisión de investigación interna como las desplegadas por la Abadia de Montserrat o los Jesuitas de Cataluña, cuando estallaron sendos casos en su seno ambos investigados también por este diario, cuyo fin era averiguar cuántas víctimas sufrieron abusos en sus organizaciones y tomar medidas sancionadoras contra los agresores pero no indemnizarlas económicamente. La de los maristas hace lo contrario: no ha sido impulsada con el propósito de castigar a los hermanos que siguen bajo su tutela, pero sí reparará a los afectados.

Es la primera vez en España que una orden religiosa acepta reparar a víctimas de abusos sexuales sin que una orden judicial obligue a hacerlo. Y en el extranjero, la mayoría de precedentes de indemnizaciones por pederastia religiosa pertenecen a casos judicializados porque los delitos no habían prescrito como los de Estados Unidos o a pagos ordenados por decisión gubernamental como en Irlanda. La tenacidad de Barbero, padre del primer denunciante de los abusos perpetrados por Joaquim Benítez, el profesor con el que se descubrió el escándalo, ha resultado decisiva. El acuerdo entre maristas y Mans Petites ha llegado casi un año después de que naufragara el primer intento de llegar a un pacto que, además, contó con la supervisión de la Consejería de Educación. Este segundo ha sido fruto de una negociación entre la orden religiosa y Mans Petites comenzada después del juicio contra Benítez.

El acuerdo se da de tiempo un plazo no superior a seis meses para valorar y pagar a las 31 víctimas. Para presentar las conclusiones está prevista la celebración de una rueda de prensa sin las víctimas, cuya identidad será protegida. Sería la primera que ofrecería la organización para abordar este escándalo.

EL COMPROMISO

El contrato compromete al Instituto de los Hermanos Maristas a crear una comisión formada por profesionales independientes que son expertos en la atención a víctimas de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia. Habrá al menos uno designado por la congregación y otro propuesto por Mans Petites. La comisión entrevistará a los 31 exalumnos que han contactado con Barbero para evaluar "la plausibilidad de los hechos denunciados y de las secuelas posteriores".

Después de valorar la gravedad del daño psicológico causado por la pederastia de profesores maristas, la comisión decretará qué indemnización debe recibir cada uno de ellos usando como marco referencial las sentencias por abusos sexuales más recientes que ha dictado la justicia española. Según el fallo redactado por la Audiencia de Barcelona contra Benítez la primavera pasada, los abusos más graves cometidos por este profesor (delitos reiterados con penetración) deben ser indemnizados con 60.000 euros y los más leves (tocamientos), con 10.000 euros. El acuerdo aclara que la orden religiosa correrá con los gastos de creación y mantenimiento de la comisión. También que para cada caso se elaborará un informe y que la cantidad fijada por el órgano no será negociable por parte de los maristas; solo de obligado cumplimiento. En sentido contrario, los psicólogos pueden resolver "denegar" si el relato de la víctima no es plausible.

Solo uno de los 18 profesores que acabaron siendo denunciados durante el 'caso Maristas', Benítez, ha sido juzgado y condenado a 21 años de cárcel, aunque solo ha respondido por cuatro de la veintena de denuncias que se presentaron contra él, las más recientes, y sigue en libertad a la espera de que su sentencia sea firme. En el proceso judicial contra Benítez no se investigó en ningún momento el papel de la orden. La Consejería de Educación anunció en abril del 2019 que reabría el 'caso Maristas' para revisar su responsabilidad.

Este diario halló pruebas del encubrimiento sistemático de los maristas en el pasado a profesores como Arnaldo Farré, Feliu Martí, A.E., A.B. y Lucio Zudaire, entre otros. Desoyeron denuncias presentadas contra Farré; cambiaron de colegio al hermano A.B. hasta en tres ocasiones por quejas de progenitores de hijos abusados; promocionaron a Martí después de prometer a una madre que este sería apartado del centro; disuadieron de comunicar a la policía los tocamientos de A.E.; o refugiaron en una casa de colonias a Zudaire donde siguió abusando de críos después de sacarlo de Badalona por las protestas de familias.