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APERTURA DE JUICIO ORAL

El juez pide incorporar al 'caso Gabriel' el atestado por la muerte de la hija de Quezada

La asesina confesa se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable ante un jurado popular

 

Ana Julia Quezada, en una foto de archivo. - CARLOS BARBA (EFE)

Julia Camacho
05/03/2019

Un año después de la muerte del pequeño Gabriel Cruz en Níjar (Almería), el juzgado de instrucción ha dado por cerrado la investigación y ha solicitado a la Audiencia Provincial la apertura de juicio oral contra Ana Julia Quezada, la asesina confesa y única investigada. Ante un jurado popular, Quezada se enfrentará a una pena de prisión permanente revisable por los delitos de asesinato, lesiones psíquicas y contra la integridad moral de los padres, como solicitan tanto la fiscalía como la acusación particular, petición que la defensa rebaja a tres años de prisión. El juez ha pedido además que a las diligencias se incorpore el informe con la investigación que los agentes de la Policía Judicial realizaron en Burgos sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la primera hija de la acusada, y que fue archivado al considerarse un accidente.

Se trata de una petición formulada por la acusación particular que ejercen los padres. Así, junto a las declaraciones tomadas por la Guardia Civil durante esos doce días que duró la búsqueda y otros informes y diligencias, en el auto de apertura de juicio oral el juez ordena que se incorpore a la causa el atestado sobre la investigación policial que se realizó en Burgos en el año 1996 para esclarecer la muerte de la primera hija de Ana Julia, que falleció cuando contaba cuatro años al caerse por una ventana de un séptimo piso en lo que fue calificado inicialmente como un accidente.

Los padres de Gabriel ya habían desvelado su intención de pedir que se tuviera en cuenta este atestado. “Lo que sí sabemos es que hay un historial en Burgos, que esté prescrito o no, pasó hace muchos años, pero que esté incorporado al nuestro es lo que pedimos. Como padres, a todo lo que nos podamos agarrar de manera legal para que no pueda hacer daño, siempre en base a la legalidad y al buen proceder, lo vamos a hacer”, justificaron entonces ambos progenitores, expresando su convencimiento de que el asesinato de su hijo “tenía que ver” con la muerte de esta niña. Se apoyaban para ello en un informe policial realizado ya después de la detención de Quezada apuntó la posibilidad de que fuera “la propia Ana Julia la que segara la vida de aquella menor”, poniendo de manifestó “la dificultad de que una niña de solo cuatro años en estado de sonambulismo, que nunca había padecido, se precipitara desde un edificio”. Los testimonios de los familiares dejaron constancia de la “falta de empatía” de Ana Julia con lo ocurrido, y cómo contó diferentes versiones de lo sucedido. Asimismo, los testigos de la época narraron que  mostró un comportamiento similar al ofrecido durante la búsqueda de Gabriel, escudándose indisposiciones para retrasar sus interrogatorios.

"ABSOLUTO DESPRECIO POR LA VIDA DEL MENOR"

El escrito de apertura de juicio oral, fechado el pasado 26 de febrero, el instructor recoge el relato de hechos que el ministerio público realizó sobre lo ocurrido la tarde del 27 de febrero de 2018, en el que queda constancia del “absoluto desprecio hacia la vida del menor” con el que actuó Ana Julia “con claro ánimo de ocasionarle la muerte”, como queda reflejado en las expresiones interceptadas por los agentes de la Guardia Civil el día en que fue detenida con el cadáver oculto en su coche. “¿No quieren un pez?, les voy a hacer (¿dar?) un pez (¿por?) mis cojones”, o “¿dónde lo puedo llevar yo, a algún invernadero?”.

Así, detalla que la mujer aprovechó que el padre de Gabriel estaba fuera y que el menor pensaba ir solo a casa de unos primos, por lo que en una “actuación meditada, fría y reflexiva” le invitó a acompañarla a una finca familiar para terminar unos trabajos de pintura, sabiendo que iban a estar a solas. Fue allí, con el menor "ajeno a la intencionalidad" de la acusada, cuando ésta, de forma “súbita y repentina, de modo que la víctima de ninguna forma podía esperar tal ataque”, agarró al niño y le tapó la nariz y boca con sus manos hasta que dejó de respirar. Posteriormente cavó una pequeña fosa en la parte exterior de la finca para ocultar el cuerpo y “encubrir su acción criminal”. El fiscal apunta a que en días posteriores Quezada volvió a la finca para comprobar la ocultación del cuerpo, llegando incluso a pedir a algunos familiares que le ayudaran a colocar unos tablones de madera encima.

El relato del ministerio público incide en “la simulación de un estado de aflicción” que mostró durante la búsqueda de Gabriel, participando en las batidas de búsqueda con “fingimiento y farsa, pública y notoria, con absoluta frialdad de ánimo” para tratar de desviar cualquier sospecha sobre ella. También hace hincapié en su “indiferencia” frente a la “conmoción ciudadana” y la implicación social promovida por los padres para localizar al menor. Además de las penas de prisión, en los escritos de calificación de las acusaciones se solicita que la acusada afronte también un pago de 200.203 euros por los gastos generados durante el despliegue policial que se puso en marcha para la búsqueda del menor, y que se prolongó durante doce días.

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