La Guardia Civil de Murcia lleva diez meses desarrollando una operación sobre protección del patrimonio, aún abierta, que ha permitido recuperar cerca de 23.000 piezas arqueológicas expoliadas en yacimientos de Murcia, Jaén y Albacete. La Guardia Civil ha culminado la primera fase de la investigación con la identificación de 7 personas, todos hombres de nacionalidad española y de 24 a 65 años, residentes en Calasparra (4), Málaga, Córdoba y Segovia, a los que se les han instruido diligencias por apropiación indebida y expolio.

La mayor parte de los objetos incautados proceden de yacimientos de la comarca del Noroeste murciano y, en menor cuantía, de las provincias de Jaén y Albacete. Fuentes del instituto armado informaron ayer de que, en el marco de la investigación, se ha desmantelado una organización criminal dedicada a la expoliación y venta, a través de internet, de miles de piezas de origen arqueológico y paleontológico. En el marco de esta operación, se han abierto diligencias contra 7 personas como presuntas autoras de los delitos de apropiación indebida y expolio, y se han intervenido 3.000 monedas antiguas y 20.000 piezas, como mosaicos, cerámicas y abalorios, entre otros objetos. Especialistas en Patrimonio Histórico de la Guardia Civil recabaron de las distintas plataformas digitales información que permitió averiguar la identidad de la persona que las ofertaba y datos de más de 2.000 transacciones por venta de monedas y objetos antiguos.

Entre las monedas más significativas figuran un triente visigodo y una pieza islámica, de oro y valoradas en cerca de 1.000 euros.Las pesquisas practicadas en torno a esta persona, vecina de Calasparra, destaparon una red de personas que, supuestamente, se encargaba de la obtención de las piezas con el empleo de detectores de metales en los yacimientos arqueológicos. Más tarde, las entregaban a cambio de una comisión a este supuesto cabecilla, que se encargaba de mejorar su aspecto y venderlas después.

El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, que ordenó el registro de dos domicilios en Calasparra donde se incautaron unas 2.000 monedas antiguas y libretas con anotaciones que permitieron identificar a otras 6 personas, entre ellas, un vecino de la provincia de Córdoba.