El empresario y exconcejal de Unión Cordobesa en el Ayuntamiento de Córdoba Rafael Gómez ha solicitado el indulto para evitar la prisión sin haber abonado a Hacienda la indemnización de casi 29 millones de euros, a la que fue condenado como autor de dos delitos por los que dejó de pagar esa cantidad en impuestos a través de dos empresas en el 2006.
Fuentes próximas al proceso detallan que no se ha depositado tal cantidad, a pesar de que la reparación del daño cometido es uno de los requisitos que -como en otros casos- contribuiría a que el juez suspenda la ejecución de las penas hasta que el Gobierno decida sobre su petición de indulto y a que finalmente este le sea concedido. Hay que recordar que Gómez tiene que indemnizar a la Hacienda Pública en concepto de responsabilidad civil, pero también debe pagar una multa próxima a los 112 millones de euros y cumplir cinco años y tres meses de cárcel por el fraude.
En los últimos días, ha trascendido que ha solicitado ante el juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba el aplazamiento de su ingreso en la cárcel hasta que el Ejecutivo central resuelva sobre el perdón, lo que podría tardar en torno a seis meses. De este modo, el pasado 6 de noviembre finalizó el plazo que se le había concedido (gracias a una prórroga) para que entrara de forma voluntaria en un centro penitenciario, pero después de este nuevo paso habrá que esperar a conocer si finalmente el juez acepta la suspensión. Por el momento, se encuentra a la espera de que la Fiscalía y la abogada del Estado se pronuncien, y todo parece indicar que se resolverá la próxima semana.
También queda por saber la decisión que adopta el Tribunal Constitucional respecto al recurso de amparo planteado por el empresario, con el que pretende que se anule la sentencia que le condenó.
