La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha dictado auto de apertura de juicio oral en el procedimiento seguido por la operación Fénix, con un total de 107 acusados y 48 sociedades como responsables civiles subsidiarias. La operación policial, que se efectuó en dos fases entre 2006 y 2007 en varias provincias españolas, entre ellas Córdoba, supuso la desarticulación de una trama en el sector de la joyería desde la que se habría cometido un fraude fiscal que podría superar los 150 millones de euros.

Según señala el auto de la magistrada, a los principales inculpados se les considera responsables de 108 delitos contra la Hacienda Pública, en unos casos en concepto de autores y en otros como cooperadores necesarios. En concreto, son 15 acusados a los que se les imputan 108 delitos, Las penas solicitadas por la Fiscalía por cada uno de ellos van de los cuatro a los dos años de prisión. Así, los presuntos cabecillas, un padre y su hijo, que operarían desde Barcelona, podrían enfrentarse a penas que rondarían la suma de 400 años de cárcel. Entre los acusados hay joyeros, trabajadores y contables.

El auto también establece las fianzas para las responsabilidades civiles, que ascienden a casi 107 millones de euros, con cuantías individuales que van desde los 25 millones la más alta a 236.000 euros la más baja. Respecto a las penas de multa, la magistrada señala que, de momento, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado las han cuantificado en su escrito de acusación. A partir de ahora, las defensas presentarán sus escritos y posteriormente el caso será enjuiciado por un juzgado de lo Penal. El que será el mayor macrojuicio celebrado nunca en Córdoba tendrá lugar ya en la nueva Ciudad de la Justicia de Arroyo del Moro, que estará plenamente operativa en la primavera del 2008.

LA OPERACIÓN // En una primera fase, el 8 de noviembre del 2006, se detuvo a un total de 22 personas, 14 en Córdoba, una en Málaga, otra en Jaén y seis en Barcelona. La sociedad principal, radicada en Barcelona, se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía. Esta empresa hacía figurar como destinatarios a otras sociedades creadas por ella misma, con lo que al tiempo que justificaba sus ventas ocultaba a los verdaderos destinatarios, que no aparecían en las facturas y eludían de esta forma el pago de impuestos.

La segunda fase de la operación, en julio del 2007, se saldó con la detención por parte de la Policía Nacional de 32 joyeros en la capital cordobesa, más otros en Cáceres, Sevilla y Málaga como presuntos miembros de la red que habría estafado a la Hacienda Pública 154 millones de euros. Entre los detenidos se encontraban fabricantes, mayoristas, comerciales y testaferros. La Policía bloqueó cuentas corrientes en 17 entidades financieras.