La Diputación de Córdoba pide ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para quien fuera gerente de su Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, al que acusa de malversar en su beneficio 610.279,47 euros durante los años que estuvo en el cargo, entre 2000 y 2012.
Para el jefe de Contabilidad y Administración en funciones durante ese período, la institución pide seis años de prisión y quince de inhabilitación como cooperador necesario en el delito de malversación de caudales públicos que imputa al ex gerente, por no haber hecho nada por impedirlo pese a ser conocedor de los hechos.
La Diputación se adhiere de esta manera al escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal y que describe las acciones del ex gerente a lo largo de trece años para hacerse mediante cuatro procedimientos fraudulentos con los más de 610.000 euros en su provecho, han informado a Efe fuentes de la institución provincial.
La malversación, según la acusación pública y la de la propia Diputación, comenzó el mismo año del nombramiento del gerente, en 2000, cuando éste empezó a concederse anticipos reintegrables o quincenales de nóminas que "ni devolvió ni compensó" y que hasta 2012 totalizaron 95.414 euros.
Un año después empezó a consignarse horas extraordinarias que no podía cobrar "dada la naturaleza del cargo de alto directivo" del acusado, según la acusación, hasta reunir 2.090 entre abril de 2001 y julio de 2006 y cobrar por ello indebidamente otros 127.860,65 euros
En 2007 se inició el fraude que mayor desvío de fondos propició. Entre enero de ese año y marzo de 2012 el ex gerente se hizo 46 transferencias y órdenes de pago desde el Consorcio a su cuenta corriente por un importe total de 310.891,28 euros, "que no presentaban ningún justificante de gasto asociado (factura o albarán), por lo cual, no se deben a bienes recibidos o servicios prestados".
Por último, entre noviembre de 2010 y febrero de 2012 se transfirió sucesivamente a su cuenta el mismo importe de las facturas de la empresa que se encargaba de la limpieza del Consorcio, aunque sin ningún soporte contable, por valor de 76.113,54 euros.
Tres de estos cuatro métodos siguieron activos durante los meses en el que el exgerente se mantuvo al frente del Consorcio después de cambiar el gobierno en la Diputación de Córdoba y pasar del PSOE al PP en julio de 2011.
Fue precisamente su relevo en febrero de 2012, por una persona de confianza del nuevo gobierno provincial, lo que provocó una cascada de denuncias.
En concreto, en mayo de ese año la Diputación puso en conocimiento de la Fiscalía el primero de los métodos fraudulentos que detectó, curiosamente el último de los utilizados, la duplicación de las cantidades de las facturas de la limpieza.
Antes había denunciado la adjudicación de las obras del parque auxiliar de bomberos de La Carlota, donde también se implicaba al anterior vicepresidente del Consorcio, Fernando Expósito (PSOE), aunque cinco años después el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Posadas archivó la causa.
El Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios está formado por los ayuntamientos de Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego de Córdoba, Puente Genil y la Diputación de Córdoba y se encuentra adscrito a esta institución, a quien le corresponde la presidencia.
