+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario Diario Córdoba:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

PETICIÓN

La defensa de Ana Julia Quezada pide tres años de cárcel por homicidio imprudente

La asesina confesa del pequeño Gabriel mantiene que su muerte fue un accidente

 

Ana Julia Quezada en la finca de Rodalquilar. - JOSÉ LUIS ROCA

Julia Camacho
18/02/2019

La asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz, cuyo cuerpo sin vida fue localizado hace casi un año en el maletero de su coche, mantiene que la muerte del niño se produjo de manera accidental y fortuita. Frente a la petición de prisión permanente revisable que reclama la fiscalía, la defensa de Ana Julia Quezada solicita tres años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, ya que el fallecimiento del niño se produjo en el transcurso de una discusión y nunca hubo intención de acabar con su vida.

El escrito de defensa ya consta en manos del juzgado de instrucción 5 de Almería, que ultima los trámites para pasar las diligencias a la Audiencia provincial y se dicte apertura de juicio oral. La audiencia reiteró hace escasos días que el caso será juzgado por un tribunal popular, pese al rechazo de Quezada y sus abogados con el argumento de que la proyección mediática del caso impediría la necesaria imparcialidad y serenidad.

AUSENCIA DE DOLO

En su escrito de defensa, adelantado este lunes por La Voz de Almería, Quezada insiste en la tesis del desenlace fortuito, asegurando que la mujer, compañera sentimental del padre de Gabriel en esos momentos, nunca confesó un asesinato. El argumento principal de la defensa es la ausencia de dolo, o voluntad deliberada para cometer un delito, ya que reiteran que todo fue fruto de una discusión. Y pide además que la confesión tardía de lo sucedido sea considerada como atenuante.

Así, según este relato, Quezada invitó al niño de ocho años a que la tarde del 27 de febrero le acompañara al cortijo familiar de Rodalquilar (Almería) para realizar unas labores de acondicionamiento, a lo que el niño habría aceptado. Una vez en la vivienda, Gabriel habría cogido un hacha y empezado a jugar con él, por lo que la acusada le conminó a que lo dejara al ser peligroso. El pequeño se resistió, según esta versión, e incluso le recriminó que le ordenara cosas porque no era su madre, llegando incluso a insultarla por el color de su piel. Por eso, Quezada, en el forcejeo para quitarle el hacha, llegó a taparle la boca para que dejara de insultarla, apretando la mano con la intención de que se callara. Instantes después se dio cuenta de que el niño ya no respiraba.

Quezada, de 44 años y que permanece desde marzo del pasado año ingresada en la prisión provincial de El Acebuche (Almería) ya declaró ante el juez que se sintió presa del pánico. Y que sin saber qué hacer ni cómo explicárselo a su pareja, decidió sacar el cuerpo de la vivienda, cavó un pequeño agujero junto a un aljibe y ocultó allí el cadáver del niño para tapar lo ocurrido. Fuentes judiciales confirman que nada menciona sin embargo de los hematomas que la autopsia detectó en el cuerpo de Gabriel, y que según los forenses se debieron a golpes previos a su muerte. Ese bloqueo aumentó con el paso de los días, cuando ante la repercusión mediática que fue adoptado el caso, la mujer se sintió incapaz de confesar la ocurrido y continuó ocultando el cuerpo hasta su detención el 15 de marzo de 2018 en las inmediaciones de su vivienda en Vícar, cuando transportaba el cadáver.

ASESINATO Y DAÑO PSÍQUICO A LOS PADRES

Con este relato, el abogado de Quezada entiende que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave, con una pena de tres años de cárcel. De manera subsidiaria, plantea que podría tratarse de un homicidio, penado con un máximo de 10 años de cárcel. Penas en cualquier caso que se alejan mucho de las peticiones de prisión permanente revisable por asesinato que reclaman tanto la acusación particular que ejercen los padres como la Fiscalía.

El ministerio público además tiene en cuenta la actitud de simulación, fingimiento y farsa que Quezada mantuvo durante los doce días de búsqueda por los alrededores de Las Hortichuelas, donde estaba la casa de la abuela en la que el niño pasaba el puente de Andalucía con su padre, mostrándose afligida y participando en las labores de búsqueda para alejar cualquier sospecha sobre su posible implicación, y que le llevan a reclamar otros diez años de cárcel por dos delitos de daños psíquicos hacia los padres de Gabriel. Asimismo, la fiscalía solicita una indemnización de 600.000 euros para los progenitores en concepto de reparación por el daño moral causado, y otros 160.000 euros para la abuela paterna. También pide el ministerio fiscal que la acusada se haga cargo del pago de los 200.000 euros del coste del coste del dispositivo de búsqueda.

Temas relacionados