Antonio siempre supo que quería ser militar. Lo dice sin dudar. «Con cinco años, pasaba por un cuartel y le decía a mi madre que de mayor sería como aquel señor», recuerda. Su vocación no le viene de tradición familiar. «Mi padre es maestro de escuela y no tengo hermanos militares, pero mi pasión ha sido y es el Ejército», afirma rotundo. En 1994, cumplió su ilusión y se incorporó a la unidad de Cerro Muriano, con sus compañeros estuvo en el Líbano y en Kosovo, pero su vida militar duraría poco. «En 1999, durante unas maniobras, subiendo y bajando cuestas, cargado hasta las trancas, la rodilla me dio un giro de 360 grados y me destrozó la pierna por dentro». En ese momento, tenía 26 años y era cabo primero. «Me echaron del Ejército sin nada porque ya no les valía y ahí empezó mi lucha en los juzgados». Desde entonces, Antonio, padre de tres hijos y con una pierna inutilizada, ha pasado cuatro veces por quirófano y sufrido un infarto cerebral mientras batallaba por sus derechos. «Hasta hace tres o cuatro años, después de una sentencia que el Ejército incumplió, no se le reconoció que lo ocurrido pasó en acto de servicio».

A Joaquín, otro oficial vinculado a la unidad de Cerro Muriano en los años 80, la vida le dio un vuelco un domingo de marzo de 1988 tras un accidente de tráfico. «Iba camino de una jura de bandera cuando un coche me sacó a la cuneta y sufrí un traumatismo craneoencefálico severo». Durante 15 días estuvo en coma y cuando despertó no podía hablar ni mover el lado derecho del cuerpo. «En ese momento, tenía 23 años y compaginaba mi actividad militar con estudios de Empresariales e inglés, todas mis ilusiones se truncaron ese día». El coche que le sacó de la vía se dio a la fuga. Hasta el año 1991 no le reconocieron lo ocurrido como acto de servicio. Él seguiría aún más de un lustro en rehabilitación y con un logopeda para recuperar movilidad y habla.

HASTA LA ONU // La lucha de ambos no ha acabado. Como ellos, más de 300 guardias civiles, policías y militares de toda España llevan años embarcados en una guerra judicial colectiva dirigida por el abogado Fernando Osuna que ya ha llegado a Ginebra, a la ONU, después de pasar por el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ni siquiera admitió a trámite la reclamación. Piden que el Estado iguale todas las pensiones de heridos en acto de servicio. Y es que, según la demanda presentada, en 1984 se aprobó una medida provisional por la coyuntura económica del momento que estableció un tope máximo para todas las pensiones en acto de servicio excepto los heridos en actos terroristas. Esa medida provisional se ha perpetuado durante más de 30 años, estableciendo, según Osuna, que haya retirados de primera y de segunda en función de las circunstancias en que quedaron incapacitados. «Solo los guardias civiles, militares y policías heridos por terroristas tienen derecho a la pensión íntegra, al resto se les detrae una media de 700 o 800 euros mensuales, lo cual vulnera el derecho de igualdad porque tanto unos como otros han sido víctimas de un suceso traumático que les ha provocado una limitación profesional determinante de incapacidad».

Para Antonio, «está claro que nos tratan como números, nos usan cuando servimos y luego nos tiran a la basura». Para Joaquín, «es penoso tener que ir a un tribunal para pedir algo así, pero todos somos heridos en acto de servicio y no es justo establecer distinciones que son discriminatorias».