El agresor de un médico del servicio de Urgencias del centro de salud de Baena ha sido condenado a cuatro meses de cárcel, según informa la Consejería de Salud y Familias en una nota de prensa. Desde Salud, se añade que la sentencia también condena al agresor a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como ha hacerse cargo de las costas procesales.
A través de un juicio rápido, la sentencia ya ha llegado a las partes implicadas, acarreando al agresor, una condena por delito de atentado, informa la consejería.
El juicio rápido donde se ha visto el caso se ha celebrado en poco más de una semana desde que se denunciaron los hechos, por ser considerada esta agresión un "atentado contra un funcionario público de la sanidad", contemplado en el Código Penal.
A través del comunicado de la Junta, desde la dirección del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba se recuerda que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
La Consejería de Salud y Familias condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones y recuerda que ya se está trabajando en una reforma del actual plan de agresiones a sanitarios.
MÁS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
La Junta de Andalucía anuncia en la nota donde informa de esta sentencia, que reforzará con nuevas medidas más efectivas la protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad, articulando entre otras acciones, el tomar medidas dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional.
Además, se pondrá en marcha un programa especial de acompañamiento al trabajador agredido. De esta forma, en caso de que se haya producido una agresión, se facilitará atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y, en todo momento, se acompañará al profesional agredido a recibir asistencia sanitaria. Otra de las medidas es la simplificación de la tramitación burocrática, de manera que se pueda simultanear la cumplimentación de los documentos para evitar que el profesional tenga que recordar repetidamente lo ocurrido.
