La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha afirmado hoy en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, que “los casos que se consideren que puedan ser susceptibles de un ilícito penal relacionado con los tipificados por estafa por parte de iDental, se remitirán a la Fiscalía para su valoración”. Igualmente, ha informado de que hasta finales de mayo, la Dirección General de Consumo ha registrado 1.291 reclamaciones. De ellas, 985 se presentaron en 2017 y 306 en los cinco primeros meses y medio de 2018. Hasta la fecha, también se han levantado 94 actas de inspección e iniciado 32 procedimientos sancionadores con clínicas dentales por varios motivos, informa una nota de prensa de la Junta de Andalucía.
Desde Consumo, ha aseverado la consejera, se están analizando diferentes opciones de solución. Mientras, las personas damnificadas deben saber que tienen derecho a la devolución de las cantidades entregadas. Para ello, pueden reclamar directamente a la entidad financiera y se aconseja que dé orden a su banco para que no atiendan los recibos. Además, si los incluyesen en registros de morosos, pueden denunciarlo ante la Agencia Española de Protección de Datos.
La titular del ramo ha recordado también que la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Consumo y la web de Consumo Responde, ha ofrecido información en la que recoge los derechos de los afectados y se les informa sobre cómo reclamar o denunciar la situación que sufren tras el cierre de las clínicas iDental. Además, las personas que se han visto afectadas por esta situación tienen a su disposición el teléfono gratuito de Consumo Responde (900 21 50 80) y el correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es.
