El juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha anunciado este viernes el dictado de un auto de búsqueda, captura y detención para uno de los ocho acusados en la causa que se sigue por un presunto fraude en cursos de formación de la Junta de Andalucía, después de que este encartado no haya acudido a la primera sesión de la vista oral que ha comenzado en la Ciudad de la Justicia.

Esta ha sido la decisión adoptada por la jueza, toda vez que la letrada de este procesado ha informado de que se encuentra en paradero desconocido. El Ministerio Fiscal ha planteado como posible alternativa que los cuerpos de seguridad busquen a esta persona en los próximos días y, si no es hallada, continúe el juicio para el resto de los procesados.

Este individuo ha sido uno de los dos acusados por fraude en las subvenciones del Gobierno regional y el Fiscal había solicitado que se le impongan tres años de cárcel. Será juzgado una vez que se logre su detención.

La magistrada ha optado por fijar como fecha límite para su localización el próximo 26 de febrero, cuando estaba fijada la próxima sesión de la vista oral.

Tanto el abogado que representa a la Junta de Andalucía como las defensas de los otro siete encartados se han mostrado de acuerdo con la propuesta planteada por el Ministerio Público, representado por Juan Antonio Merlos.

En la primera sesión del juicio, además, este fiscal ha informado de que ha llegado a un acuerdo de conformidad con dos acusados que, según ha avanzado, reconocerán los hechos cuando sean interrogados. Uno de ellos está siendo procesado por fraude en subvenciones y el otro, por falsedad en documento público.

En el trámite de las cuestiones previas, entre otros aspectos, el Ministerio Fiscal, el letrado de la Junta y algunas defensas también han protestado por la denegación de pruebas testificales, que han vuelto a ser rechazadas este viernes por la jueza.

Sin embargo, esta sí ha recordado que al inicio del juicio las partes pueden proponer la comparecencia de aquellos testigos que consideren oportunos, por lo que ya han anunciado que lo harán.

De este modo, tanto Merlos como algunas defensas habían anunciado la posibilidad de plantear recursos si no eran admitidos los testigos que solicitaban y de hecho, el fiscal ha llegado a sostener que el juicio estaría naciendo "nulo" si no se permite la declaración de estos testigos al entender que son claves para esclarecer los hechos.

Profesores que no ejercieron y más de 6.000 euros en tóner

El Ministerio Público ha solicitado penas de tres años de cárcel para cada uno de los ocho encausados, así como multas de 27.000 euros para los seis procesados a los que cree responsables de un presunto delito de falsedad, y de 300.000 euros para los dos a los que atribuye un supuesto fraude de subvenciones.

En este sentido, recuerda que los cursos de formación se dirigían a personas paradas y tenían compromiso de empleabilidad pero, por ejemplo, en una de las entidades ha detectado que, presuntamente, despidió a trabajadoras para incluirlas como alumnas de esta actividad y después volver a contratarlas.

En otros casos subraya el incumplimiento del compromiso de empleabilidad y abunda en que, supuestamente, se incluyó como docentes a personas que no ejercieron como tales; se falsificó la firma de alumnos o profesores para justificar la entrega de materiales que no fueron recibidos o calificaciones que no se realizaron.

Asimismo, el Ministerio Público sostiene que en algunas empresas, presuntamente, el empresario beneficiario de la ayuda no estaba dado de alta en la Seguridad Social en el momento de la firma del contrato; por ejemplo, se aportaron facturas de compras de ordenadores adquiridos en otro curso y en otra ciudad, y se cobraron más de 5.000 euros por tutorías que no se realizaron.

Es llamativo el caso de uno de los procesados, que es administrador de una empresa beneficiaria de dos subvenciones para cursos formativos y, según el relato del Ministerio Fiscal, ha administrado sociedades que habrían percibido más de un millón de euros en ayudas entre los años 2006 y 2012.

En alusión a la entidad de este último procesado, alude el escrito del Fiscal a la presentación de gastos como más de 6.000 euros en tóner o la facturación de casi 600 rotuladores para un mismo curso.