La mayoría de los acusados de cometer un macrofraude a la Seguridad Social, en el que han estado implicadas 74 personas, llegaron ayer a una conformidad por la que aceptaron los delitos y las penas impuestas, evitando la celebración del juicio programado para las próximas tres semanas.
Así lo expusieron los abogados Emilio Rioja y Antonio Martínez, que han defendido a dos de los individuos señalados como cabecillas de una trama en la que se facilitó el cobro del paro con la contratación por parte de empresas ficticias ubicadas en la capital y en la provincia. En total, la cantidad defraudada ascendió a 150.000 euros, aunque los imputados han devuelto diferentes cantidades y, según las fuentes consultadas, quedaría por reintegrar en torno a 21.000 euros.
En un principio, fueron tres las personas imputadas por el impulso de este fraude, pero finalmente solo ha quedado demostrado en dos de los casos. La acusación pedía para ellos tres años de prisión, que se han rebajado a 1 año y 9 meses de cárcel, y el abono de en torno a 45.000 euros de multa cada uno.
Estas dos personas han aceptado haber cometido un fraude a la Seguridad Social en concurso con un delito de falsedad documental. Al igual que el resto de los implicados, no podrán percibir prestaciones de la Seguridad Social por el plazo de dos años. Ayer tuvieron que ser escoltadas por la Guardia Civil para acceder a la sala donde tuvo lugar el acuerdo porque, según se señaló en el lugar, habrían sido insultados por algunos de los presentes.
En el caso de la tercera persona imputada como cabecilla, una asesora, solo ha quedado demostrado que ayudó a un beneficiario a percibir el subsidio, por lo que tendrá que abonar una multa que asciende a la mitad de lo percibido por esa persona.
El resto de los implicados tienen que devolver lo defraudado a la Seguridad Social y pagar una multa que consiste en la mitad de la cuantía percibida más 50 euros. Las fuentes consultadas explicaron que casi todos ellos han reparado el daño, excepto cinco personas que solicitaron un aplazamiento para poder hacerlo.
De este modo, para resolver este proceso la sección tercera de la Audiencia Provincial ha tenido en cuenta las atenuantes de reparación del daño y de dilación indebida, porque el fraude comenzó en el 2015. Varios acusados faltaron ayer al acto de conformidad y tendrán que resolver su situación próximamente. En un primer momento, las penas solicitadas para los cabecillas fueron de 3 años de prisión y multa de 150.000 euros. A otros dos imputados se le exigió una sanción de 8.000 euros; a otros 4, de 2.000 euros, y a los 65 restantes, multas de 4.000 euros.
