La última sesión del juicio a La Manada de Pozoblanco se ha celebrado este jueves en la Ciudad de la Justicia permitiendo al tribunal y al público, por primera vez, escuchar a uno de los procesados tomar la palabra.

Quien ha hablado ha sido José Ángel Prenda, que ha afirmado en la sala que "reconozco haber grabado el vídeo desde el móvil de Antonio Manuel Guerrero y haberlo pasado sin el consentimiento de ninguno de ellos".

Con esta declaración, el juicio ha quedado visto para sentencia tras la exposición de los informes finales de las partes que, en líneas generales, han modificado la calificación provisional de los hechos que habían realizado.

[Así hemos contado el juicio contra La Manada de Pozoblanco]

El abogado que defiende a los encausados, Agustín Martínez Becerra, ha planteado una alternativa para el caso de que el juez titular del Penal 1, Luis Javier Santos, decida en sentencia mantener los dos vídeos como prueba.

La defensa de Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero ha planteado que, si no es posible la absolución, se condene a Prenda a dos años de prisión por un delito de maltrato de obra en concurso con otro contra la intimidad. Para Escudero, solicita que se le imponga una multa de un mes a razón de seis euros diarios por maltrato y para Cabezuelo y Guerrero ha pedido seis meses de prisión por un delito de vejaciones.

Las acusaciones: de la rebaja de la pena al incremento por agresión

El cambio más llamativo en la calificación de los hechos ha sido efectuado por la acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, que ha elevado su calificación de los hechos de abuso a agresión sexual en el caso de Cabezuelo.

Para este último reivindica cinco años de privación de libertad, al entender que el supuesto delito fue cometido con violencia e intimidación. La letrada delegada del colectivo en Andalucía, Patricia Catalina, mantiene la petición de tres años de cárcel para Guerrero, Escudero y Prenda por un supuesto delito continuado de abuso sexual.

También reclama cuatro años y tres meses de cárcel por un presunto delito contra la intimidad, y una multa por el delito de maltrato leve de obra en el caso de Cabezuelo.

El Ministerio Fiscal, representado por Jesús Aparicio, ha modificado sus conclusiones provisionales y ha rebajado de tres a dos años de prisión la pena por el supuesto abuso sexual, al considerar que no fue agravado y que cada uno debe responder por un abuso sexual.

Continúa reclamando cuatro años de cárcel por un delito contra la intimidad (acusa a los cuatro de ambos hechos) y una multa por un delito leve de lesiones, que exige solo para Cabezuelo.

De su parte, la acusación particular, que ejerce Blas Arévalo, ha elevado a definitiva su calificación de los hechos. En ella pide dos años y seis meses de prisión por un delito continuado de abuso sexual; cuatro años y tres meses de privación de libertad por el presunto delito contra la intimidad (de nuevo, se responsabiliza a los cuatro procesados de estos dos delitos), y la imputación de un maltrato leve de obra para Alfonso Jesús Cabezuelo.

Además, esta última y la acusación popular han reivindicado, entre otras penas, una indemnización de 80.000 euros para la víctima por los daños causados a raíz de los presuntos hechos cometidos en mayo del 2016. Los autores habrían sido, presuntamente, los cuatro condenados junto a un quinto individuo por una violación grupal de los Sanfermines de ese mismo año. De hecho, la acusación particular ha manifestado que la indemnización solicitada es similar a la de aquella causa.

El Fiscal: "Yo la creo"

El fiscal Jesús Aparicio ha subrayado durante su exposición que "yo la creo" en referencia al testimonio de la joven (que en el momento de los hechos tenía 21 años) y destacando la importancia que este tendrá para acreditar el presunto delito de lesiones.

Junto a esto, ha reiterado que "la prueba no puede ser tachada de ilicitud, no entendemos que haya afectado a los derechos fundamentales de los investigados", puntualizando que "no hay invasión ilegítima en la intimidad ni en el secreto de las comunicaciones", dado que ellos mismos dieron su consentimiento para que la Policía analizara sus teléfonos móviles, y que este trabajo contó con el respaldo de tres autos judiciales.

Entre otras ideas, sobre los efectos que estos presuntos delitos han tenido en la vida de la joven, ha recordado que reside en un pueblo y ha hecho referencia al "trastorno de estrés postraumático que coincidieron los peritos que tenía". Asimismo, ha comentado que la psicóloga que testificó ayer en el juicio describió como "devastadora" la consecuencia para la perjudicada.

El letrado Blas Arévalo ha indicado que "el testimonio de la víctima ha sido claro y contundente desde el primer momento", ya que "siempre ha mantenido que no recuerda nada de lo ocurrido dentro del vehículo y que desconoce dónde se baja". A esto ha añadido que "se encontraba prácticamente sin ropa y no recuerda nada".

Arévalo ha manifestado que "en mayo del 2016 era extraño que pasara un caso de estos, puede que ser por esto no la creyeran". Asimismo, incidiendo en los perjuicios que estos hechos le han ocasionado ya referidos por el Fiscal, ha abundado en que "manifestó que se encuentra señalada y revictimizada cada vez que se le pregunta si ‘tú eras la víctima de La Manada’".

Quizá uno de los aspectos polémicos de la jornada de este jueves haya sido la calificación de los hechos como agresión sexual por parte de la acusación popular. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular (este último, fuera de la sala) han admitido su sorpresa por la imputación de este delito a Alfonso Jesús Cabezuelo.

Sin embargo, Patricia Catalina ha puesto de relieve durante la presentación de su informe que "nos sorprende un poco la actitud del Ministerio Fiscal al haberse desviado un poco del principio de esta acusación", a lo que ha sumado que "tengo que rebatir lo que el Fiscal dice respecto a mi modificación".

Catalina ha recordado que la jurisprudencia "otorga un mayor valor probatorio al testimonio de la víctima" y ha recordado que el trayecto entre Torrecampo (donde la joven coincidió con los acusados) y Pozoblanco es de unos 30 minutos en coche.

En este punto, ha aludido a la "persistencia en la acusación desde el primer momento", ya que "ella siempre ha pensado que algo ha ocurrido ahí". De hecho, un testigo ha apuntado durante el juicio que poco tiempo después de los presuntos hechos le telefoneó y le dijo "Peter, que me han violado".

La defensa alude a una "justicia vengativa"

En la presentación de su informe final, la defensa ha comenzado por hacer referencia a los movimientos sociales originados en torno a los últimos casos de delitos sexuales en grupo conocidos en el país.

En este sentido, ha señalado que "el eslogan (en una posible alusión a "Yo sí te creo") se impone como verdad absoluta ante los problemas sociales" y ha aludido a "colectivos que pretenden aplicar una justicia vengativa". En el caso concreto de la concentración celebrada ante la Ciudad de la Justicia el martes pasado, ha hecho alusión a ella como "una manifestación" en la que hubo "mujeres desaforadas".

Acerca de la calificación de los hechos como agresión sexual realizada por la letrada que representa a la asociación Clara Campoamor, Martínez Becerra se ha dirigido al Fiscal y a Luis Javier Santos para decirles que "mal futuro tiene (al primero), porque no lo ha visto, y no digo usted señoría", en referencia a su futura sentencia.

De otra parte, sobre el trabajo policial realizado en el descubrimiento de los presuntos hechos de Córdoba, Martínez Becerra ha insistido en que el objetivo era "reforzar lo ocurrido en Pamplona". De este modo, ha mantenido que se ha realizado "una investigación prospectiva de manual", haciendo hincapié en que "no existe título habilitante para la Policía Foral para actuar".

Es más, la defensa ha sostenido que en los testimonios facilitados ayer por los agentes de la Policía Foral de Navarra "se mintió interesadamente", ya que afirmaron que habían realizado "un cotejo" de las imágenes de los Sanfermines con otras anteriores para encontrar elementos (tatuajes, relojes…) que les permitieran individualizar las acciones y atribuir a cada procesado determinados hechos.

El abogado ha apuntado distintas ideas como la "gravedad" de querer "tomar por tonto a un tribunal" y ha anunciado, incluso, que "ya veremos adónde llega esto, no nos queremos creer que el juez instructor de Pamplona dictara un auto verbal sin dar traslado a las partes para que se hiciera una investigación".

Martínez Becerra ha reclamado la nulidad de los dos vídeos como prueba "y de todo lo que se genera alrededor", como podrían ser los mensajes de Whatsapp comentando las imágenes de los tocamientos a la víctima de Pozoblanco.

Por último, ha asegurado que la víctima "no dice la verdad" y también que las imágenes recogen una "actitud vejatoria", aunque los tocamientos no se hicieron "con ánimo libidinoso" en su opinión.