El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, señaló este martes que, aunque no comparte la línea de actuación de Hazte Oír, "hoy por hoy es imposible" retirarle la consideración de utilidad pública por su autobús contra el llamado "adoctrinamiento sexual".

Zoido se refirió a esta cuestión en la Comisión de Interior de Congreso, donde comparece esta mañana para explicar lo referido a la situación administrativa de Hazte Oír y el aumento de los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla.

Unidos Podemos y ERC han solicitado que a la asociación que preside Ignacio Arsuaga se le retire la consideración de utilidad pública por su campaña contra el llamado "adoctrinamiento sexual".

Esta iniciativa tuvo su plasmación más polémica en el autobús que esta asociación fletó antes del pasado verano con el lema 'Los niños tienen pene, la niñas tienen vulva. Que no te engañen'. Este vehículo, llegó a ser paralizado por los jueces, aunque finalmente la Audiencia de Madrid autorizó que siguiera circulando.

Respetar los trámites

A este respecto, Zoido dijo que, aunque "no comparte" la iniciativa de Hazte Oír, "hoy por hoy es imposible" retirarle la consideración de utilidad pública, en primer lugar porque la situación de esta asociación está pendiente de decisiones judiciales.

Aseguró asimismo que Interior está "pendiente" de las diligencias legales existentes y que no hay que tener "ninguna duda" de que cuando los jueces se pronuncien, se actuará "en consecuencia con rapidez y con absoluta diligencia", en referencia a que se analizará la situación de Hazte Oír desde el punto de vista administrativo.

En este sentido, explicó que, como asociación declarada de utilidad pública, Hazte Oír tiene obligación de presentar anualmente sus cuentas y una memoria de actividad. Añadió que la campaña del autobús debería incluirla este colectivo en la memoria que presente en junio de 2018.

"Nos guste o no tenemos que respetar los trámites", dijo al respecto el ministro, quien se refirió a que sería "improcedente" retirar a Hazte Oír la declaración de utilidad pública antes de que se pronuncien los jueces.