Vox planteó ayer la eliminación del Defensor del Pueblo Andaluz al sostener que está «politizado hacia la izquierda», lo que negó rotundamente su titular, Jesús Maeztu, al igual que el resto de grupos y la presidenta de la Cámara, que respaldaron su trabajo en defensa de los derechos ciudadanos. La propuesta de Vox se produjo durante la primera comparecencia de esta legislatura en el Parlamento del Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, para presentar el informe anual de la institución de 2018. Tras la primera intervención de Maeztu, que está en funciones, para ofrecer los datos, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, aseguró: «Con el debido respeto, la institución la vemos con reserva porque creemos que es redundante e innecesaria». Hernández dijo que no ponía en duda los datos del informe, pero subrayó que «preocupa la politización» de la institución y añadió que la manera de hablar, el tono y como Maeztu hace la exposición es «muy próximo a partidos de izquierda». También le recriminó que aborde asuntos como el suicidio asistido o la forma de tratar materias como la inmigración.

En su segunda intervención e informe en mano, el Defensor replicó: «Esto no es ideología. Aquí hay mucho dolor, problemas que te ponen los pelos de punta o inmigrantes que piden su derecho de asilo». Maeztu recordó al portavoz de Vox que la figura del Defensor está recogida en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía y le invitó a hacer una visita a la oficina. «Estoy seguro de que después pensará de otra manera y no que la institución está de más o «no tiene razón de ser». Los que trabajamos en ella somos profesionales y trabajamos con pasión», enfatizó.

La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz gestionó el pasado año 10.915 quejas, de las que 7.570 fueron nuevas (7.436 a instancia de parte y 134 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores, y 13.117 consultas. Entre ellas destacan las relacionadas con los importantes retrasos en el pago de las ayudas al alquiler y en la Renta Mínima de Inserción Social, de las que pide agilizar su gestión. Las quejas suponen un incremento del 11,2%.