España es uno de los países más avanzados en la lucha contra la violencia machista. Mientras otros Estados del entorno europeo ni si quiera contabilizan las víctimas mortales, España no sólo lleva un cómputo detallado desde el año 2003, sino que se difunde el número de denuncias, las medidas de protección dictadas, los menores víctimas de esta violencia e incluso una estimación de los costes que implica no sólo para las afectadas y su entorno, sino también para las empresas o la administración pública.
Según el primer estudio de estas características, impulsado por la delegación del Gobierno contra esta lacra, la violencia de género supone un coste de entre 1.281 millones de euros, según la estimación más conservadora, y 14.800 millones de euros, si se tiene en cuenta costes intangibles como el dolor y el sufrimiento de las víctimas, la pérdida de trabajo y productividad o los cambios en el domicilio.
LA ACEPTACIÓN SOCIAL
Calcular el coste económico de la violencia sobre la mujer permite, según la delegación del Gobierno, estimar las ganancias potenciales que se derivarían de una reducción significativa del maltrato así como mejorar el diseño de las políticas públicas o ayudar a reducir la aceptación social hacia esta realidad.
En cualquier caso, como se trata de una lacra difícil de cuantificar, en el estudio mencionado y difundido en abril, la horquilla es tan amplia, desde la opción más conservadora, que contempla un umbral mínimo que se basa en el número de denuncias y se calcula que en torno al 80% de víctimas no se acercan a la comisaría o el juzgado, hasta el cálculo más amplio y que contempla costes intangibles como el dolor o los salarios futuros dejados de percibir tanto por las mujeres como por los agresores, en el caso de que entren en prisión o se suiciden.
PUNTO DE PARTIDA
La propia delegación del Gobierno admite, en este contexto, que la estimación entre 1,2 millones y 14 millones es un punto de partida para futuros estudios que podrían obtener medidas más precisas.
Cabe destacar que, según la estimación más conservadora, que supondría un 0,11% del PIB, el sector público soporta 974 millones, el 76%, las víctimas 210 millones, el 16,5% y los empleadores 77 millones, el 6%.
