Sin contabilizar el dolor, la angustia, la vergüenza, los problemas emocionales y un largo etcétera, la violencia contra la infancia cuesta a las administraciones bastante más de 1.000 millones al año. Y eso que el cálculo se basa solo en el 4% de las violaciones y abusos sexuales que sufren los niños que llegan a denunciarse, y en buena parte de las demandas que se interponen cuando las víctimas han llegado a la madurez de sus vidas y tienen la valentía de denunciar públicamente a sus violadores.
Aun así, investigadores de la Cátedra Santander de la Universidad Pontificia de Comillas y la Fundación Educo han tratado de dilucidar el coste de la violencia infantil bajo el convencimiento de que «si no se puede cuantificar una realidad, no se puede resolver, no es posible hacer políticas públicas, generar presupuestos y evaluar el impacto y la eficacia de las conclusiones».
