El Gobierno concede 24 horas a los vigilantes de seguridad de Eulen en el aeropuerto de El Prat y a la empresa para consensuar un árbitro que medie para la resolución del conflicto laboral que mantienen. Así lo ha decidido el Consejo de Ministros en una sesión extraordinaria celebrada este miércoles para abordar cuestiones prioritarias para el Ejecutivo central, como la que vive el aeródromo barcelonés desde el pasado 24 de julio. De no alcanzar el pacto en esas 24 horas será el propio Ejecutivo el que designe el árbitro que emitirá el laudo de obligado cumplimiento para ambas partes.

La decisión lelga después de que la asamblea de trabajadores de Eulen rechazara la semana pasada en dos ocasiones la propuesta de mediación de la Generalitat que contemplaba un plus de 200 euros por 12 pagas, sin incluir las 3 extraordinarias. En una primera votación, el pasado jueves, los trabajadores rechazaron la propuesta planteada por la Consejería de Trabajo y otros tres escenarios que propuso el comité de huelga. En aquella ocasión venció la propuesta de aumento de la retribución en 250 euros mensuales por 15 pagas, mientras que la oferta del Govern solo obtuvo dos votos.

Y el pasado domingo, tras las quejas de las administraciones por no haber sometido a votación únicamente la propuesta de Trabajo, la asamblea de trabajadores decidió mantener la huelga indefinida que comenzaba al día siguiente, con 150 votos en contra, 36 a favor y un voto nulo.

Menos colas

Para evitar que los efectos de ese nuevo paro acrecentaran las esperas de los viajeros, el Gobierno dio instrucciones para reforzar la presencia de la Guardia Civil en el aeropuerto, mientras la Abogacía del Estado empezará a tramitar este mismo lunes el laudo arbitral obligatorio. El refuerzo del instituto armado en El Prat ha surtido efecto, dado que las colas que se han originado han sido de un impacto mucho menor que en días anteriores, e incluso nulas en algunos momentos.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, criticó este lunes la "postura muy inmovilista" del comité de huelga y el rechazo a una propuesta "razonable". De ahí, que iniciara los trámites para el laudo arbitral contemplando la imposición de un árbitro si las partes enfrentadas no fueran capaces de consensuar uno .