UGT y CCOO recriminaron ayer al Gobierno andaluz que «ceda a las presiones de Vox» y le facilite los datos de los trabajadores de los equipos de violencia de género y consideraron «peligroso que se fiscalice» a estos empleados. Exigen al Gobierno que explique por qué ha facilitado los datos relativos a la colegiación de dichos trabajadores, solicitados por Vox, y advirtieron de que esto supone «entrar en el juego sucio de persecución de la plantilla que se dedica a trabajar en las unidades de violencia de género y en los equipos de menores», según un comunicado de la UGT Andalucía. Se pregunta «qué será lo siguiente, si también se pedirá los datos de la Guardia Civil o de la Policía o si se exigirá los datos de los profesores de la escuela pública que, según ellos, no den la materia como les gustaría».
En otro comunicado, CCOO sostiene que estas acciones cuestionan la altura institucional de un Gobierno y condena el trato que está dando a los trabajadores de las unidades de valoración de violencia de género. También acusa a la «extrema derecha» de Vox de «querer desmantelar con falacias la atención a víctimas de la violencia de género» y de «sembrar dudas en torno a la función pública e innegable utilidad social de estas unidades». CCOO advierte de que «se sientan precedentes muy peligrosos para las mujeres, para las libertades y para la democracia si, quienes tienen que velar por el cumplimiento de las leyes, el Estatuto de Autonomía y la Constitución, no tienen reparo en hacer saltar por los aires principios tan básicos como la lucha contra las violencias machistas».
