Las autoridades de los países de la Unión Europea recibieron en un año 144.376 consultas y quejas relacionadas con la protección de datos, según dio a conocer la Comisión Europea ayer, con motivo del primer año desde la entrada en vigor de las nuevas normas en la materia. Un Eurobarómetro publicado también con esa ocasión pone de relieve que el 67% de los europeos ha oído hablar del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (conocido por sus siglas en inglés GDPR), que da al usuario una participación más activa sobre quién tiene o qué hace con sus datos.

Los más enterados de esa legislación son los suecos (el 90% la conoce), seguidos de los holandeses (87%) y los polacos (86%), mientras en el extremo opuesto se sitúan los franceses (44%), los italianos (49%) y los belgas (53%). En el caso de los españoles el porcentaje es del 67%.

Según Bruselas, los europeos contactan cada vez más con las autoridades de protección de datos para plantear cuestiones sobre la legislación o poner denuncias en defensa de sus derechos. Sin embargo, el Eurobarómetro pone de relieve que persiste el desconocimiento entre los ciudadanos de muchos países sobre la existencia de autoridades públicas encargadas de velar por la protección de los derechos sobre los datos personales.

De hecho los españoles son los que menos conocen que hay autoridades públicas nacionales a las que se pueden dirigir para resolver ese tipo de cuestiones (solo un 40% dice estar al tanto), seguidos de los rumanos (46%) y los húngaros (47%). En el extremo opuesto se sitúan los holandeses (82%), los letones (76%) y los suecos (74%).

INFRACCIÓN DE LAS NORMAS / Las autoridades públicas han recibido desde mayo del año pasado 89.271 notificaciones de infracción de las normas de protección de datos personales. Las normas establecen que cuando una empresa es responsable de la revelación de esos datos de manera accidental, está obligada a informar de la situación a su autoridad pública correspondiente en las 72 horas desde que tiene conocimiento de esa infracción.

El reglamento que cumple un año pone al día la anterior directiva de 1995 y ha introducido conceptos como el llamado «derecho al olvido», es decir, que una plataforma esté obligada a eliminar todos los datos que guarda de un usuario si este lo solicita. Las normas buscan devolver a los usuarios el control sobre el uso que las compañías hacen de sus datos y estas tendrán que proporcionar información sobre los fines para los que se van a utilizar, el tiempo durante el cuál se conservarán, con quién se compartirán o si serán transferidos fuera de la Unión Europea.

Las empresas están obligadas a informar al usuario de cómo puede retirar su consentimiento sobre sus datos y sobre su derecho a presentar una reclamación al respecto.

Si bien la normativa solo cubre a los ciudadanos europeos, empresas radicadas fuera de los Veintiocho pero que tratan datos de usuarios comunitarios, como Google o Facebook, han tenido que perfilar sus servicios y estrategias de trabajo para los nuevos estándares europeos. La cuantía de las multas en caso de incumplimiento son de un máximo de 20 millones de euros o hasta un 4% de la facturación global de la compañía el ejercicio anterior.

MULTAS / En el último año la mayor multa impuesta fue para Google, que en Francia fue condenada a pagar 50 millones de euros por falta de transparencia, la información insatisfactoria proporcionada y la falta de consentimiento válido para la personalización de publicidad. La comisaria europea de Consumo, Vera Jourová, dijo ayer que la nueva normativa «no solo ha hecho que Europa sea apta para la era digital, sino que también se ha convertido en un referente a nivel mundial».