La tauromaquia ya es, por ley, patrimonio cultural, una vez que el Pleno del Senado aprobó ayer por mayoría el texto tramitado desde el Congreso, cuyo origen radicó en una iniciativa legislativa popular de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, respaldada por 600.000 firmas. La nueva ley taurina ha sido aprobada con 144 votos a favor, 26 en contra y 54 abstenciones, después de haber sido rechazadas las cinco propuestas de veto y las 57 enmiendas presentadas.

La ley definitiva será publicada de forma inmediata en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor, lo que supone un hito en la historia de la tauromaquia, que por primera vez en cuatro siglos de existencia será regulada, fomentada y protegida por normativa legal.

El debate previo a la aprobación final de la ley taurina, en el que los distintos senadores llevaron a cabo sus respectivas comparecencias para defender las cinco propuestas de veto y las 57 enmiendas presentadas, he dejado opiniones de todo tipo.

El senador del PP, Sebastián Ruiz, defendió la tauromaquia como "arte nacional y popular por excelencia, base del desarrollo de la sociedad española con un importante impacto cultural e industrial, pues realza la economía española a base de generar empleo y riqueza, y que es sinónimo de biodiversidad y ecología". Para Ruiz, el Gobierno y las autonomías pueden establecer "concurrencia de competencias ordenadas" para la preservación de la cultura, que debe ser de acceso "libre" y que "jamás" debería ser objeto de prohibición.

El senador del PSOE Jesús Martín censuró la iniciativa del Gobierno "totalmente distante a la ILP inicial", una ley "innecesaria" en los tiempos que corren, que pretende "posicionar a los españoles y enfrentarlos", y por lo que su grupo político iba a mostrarse neutral basándose en el "vive y deja vivir".

Todo basado en un discurso trufado de comparaciones muy taurinas pero de un contenido idéntico al de su homónimo socialista Enrique Abad, que dieron paso a la segunda intervención del grupo popular, Julián Lanzarote. Lanzarote hizo una defensa taurina basándose en la historia y en su valor cultural y económico, configurándose en un sector de "primera magnitud", además de instar a la "libertad y libre ejercicio" de cada uno para "dictaminar el futuro de la Fiesta".

José Enrique Iglesias, de IU, criticó también la "profunda transformación" en el trámite parlamentario del texto inicial por parte del gobierno, con el que han llevado a cabo un "fraude político y legislativo" para convertir la tauromaquia en una figura "vacía de contenido a efectos jurídicos". El senador de Izquierda Unida calificó la tauromaquia como "hecho reprobable" cuyo momento estelar fue "en la época franquista", y con la que se busca una "provocación internacional" al tratar de llevarla a la Unesco.

En un tono similar abordó su exposición la senadora de ERC Ester Capella i Farré, quien definió la tauromaquia como "práctica en decadencia que nos devuelve a una sociedad salvaje y retrógrada que hace mucho daño a la marca España", señaló. Mientras que José María Cazalis (PNV), basó su veto en argumentos competenciales, ya que la fiesta de los toros y su organización "ya está regulada en el País Vasco".