Poco más de un año después de la sentencia de La Manada, el caso recala hoy en el Supremo, que estudiará si modifica la condena a nueve años que un tribunal impuso a cinco acusados por un delito de abuso y no de agresión sexual (violación) a una joven en los sanfermines de 2016 al no apreciar intimidación.
Una decisión que despertó una gran respuesta social, con protestas multitudinarias, y motivó el inicio de un cambio legal que aún no ha culminado para suprimir del Código Penal la diferencia entre el abuso y la agresión sexual.
Porque hoy cinco jueces del Supremo deben decidir como última instancia penal si lo que ocurrió en Pamplona el 7 de julio de 2016 encuadra en el tipo penal de la agresión sexual, como sostienen las acusaciones.
Lo que ocurrió es que cinco jóvenes acorralaron a una chica de 18 años en un portal y, «atemorizada y sometida», la penetraron. Hasta el momento, la Audiencia de Navarra y el TSJ de esa comunidad han determinado que no hubo agresión sexual, sino abuso con prevalimiento, dado que no quedó probado que hubiera violencia o intimidación. Los acusados fueron condenados a 9 años de prisión.
Hoy, a partir de las 10.30 horas, en una vista en la no estarán presentes los acusados, todos en libertad provisional, el Supremo retomará la cuestión: ¿Hubo la violencia e intimidación necesarias para poder condenar por ese delito?
Lo tiene claro la Fiscalía, que solicita una condena de 18 años, y el resto de acusaciones (Gobierno foral, Ayuntamiento de Pamplona y la víctima) al considerarles culpables de un delito continuado de agresión.
«No es admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir de las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores», aseguró la Fiscalía en su recurso, en el que dejaba claro que «intimidación no es otra cosa que causar o infundir miedo» y eso se hace «con la sola presencia de cinco individuos de fuerte complexión rodeando a una víctima en un habitáculo cerrado y sin posibilidad alguna de escapar».
La defensa, por contra, insiste en la absolución de José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza y Antonio Manuel Guerrero, este último condenado también a una multa por un delito de hurto por quedarse con el móvil de la chica, que las acusaciones piden que se eleve a robo, con pena de cárcel. Será la sala formada por Andrés Martínez Arrieta (presidente), Francisco Monterde, Susana Polo (ponente), Ana María Ferrer y Vicente Magro (estos tres últimos especialistas y con amplia experiencia en casos de violencia de género) la que decida sobre la sentencia de La Manada.
