Clarisa (nombre ficticio) es una de las miles de víctimas que, cada año, son engañadas para ser traídas a España a ejercer la prostitución. En su caso, un hombre de negocios rumano le ofreció trabajar de camarera en España pero, una vez aquí, fue explotada sexualmente gracias a agresiones físicas y amenazas contra ella y su familia. Ella se atrevió a denunciar, algo no muy frecuente, y la sentencia condenó al tratante a penas de seis años y medio de prisión y a pagar la cantidad de 65.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales y perjuicios sufridos por la víctima. Sin embargo, a día de hoy, Clarisa sólo ha llegado a cobrar 280 euros, pese a las graves vejaciones y la situación de prácticamente esclavitud que su sufrió.
No es el único caso. El consorcio Justice at Last, un proyecto financiado por la UE que tiene por objetivo mejorar el acceso a la compensación para las personas tratadas y las víctimas de delitos conexos y en el que España trabajan las oenegés Proyecto Esperanza y Sicar.cat, ha estudiado 60 casos (de nueve países, 10 en España ) de personas explotadas, sobre todo laboral o sexualmente, que han buscado un resarcimiento económico tanto en procedimientos penales como civiles. De los casos en estudio, solo dos de cada tres víctimas que reclamaron una compensación, esta fue otorgada por el tribunal enjuiciador. Y, de manera preocupante, según los investigadores, sólo una cuarta parte han llegado a recibir la cantidad establecida de manera efectiva.
INSOLVENCIA DEL ACUSADO
El motivo es que la mayoría de los tratantes se declaran insolventes, según explicó la fiscal delegada de extranjería de Barcelona, María Pilar Izaguerri, en una jornada en Madrid destinada a estudiar este fenómeno. Ahondando en esta idea, el integrante de la brigada central de trata de seres humanos de la policía nacional, Ismael Delmás, explicó que no es que no tengan patrimonio, sino que la mayoría de los tratantes tienen sus bienes en el extranjero y a nombre de otras personas, por lo que es muy difícil su persecución.
Just at last facilitó otro ejemplo real: 9 personas fueron condenadas por haber captado a 5 mujeres en Nigeria, a quienes les prometieron diversos trabajos en España, a cambio de los cuales tenían que pagar entre 30.000 y 50.000 euros para los gastos de viaje. Una vez aquí, fueron obligadas a prostituirse en Cataluña y otras ciudades, controlando su voluntad a través del vudú y otro tipo de coacciones. El tribunal condenó a los acusados y les obligó a pagar a las víctimas entre 50.000 y 100.000 euros. Si bien, ninguna de ellas han recibido, a día de hoy, nada.
LAS SENTENCIAS ESPAÑOLAS
Es una situación habitual. En España, desde el 2012 al 2017 ha habido 56 sentencias condenatorias por trata de personas y 46 de ellas incluyen la necesidad de indemnizar al afectado. Los primeros fallos son los que no recogían la necesidad de resarcir a la víctima, una situación que cambió cuando el Tribunal Supremo estableció que la necesidad de reparar el daño moral es inherente al delito de trata, donde se merma hasta sus últimas consecuencias la dignidad de la víctima. Si bien, la estadística española no recoge cuantas han recibido una indemnización efectiva. Según la fiscal Izaguerri, serán muy pocas, solo en aquellos casos que el condenado haya decidido colaborar o esté trabajando desde la cárcel y parte de su sueldo se transfiera a la víctima.
La falta de compensación es un problema más de la dificultad de perseguir el delito de trata, sobre todo de explotación sexual, dado que las redes de crimen organizado convierten a las víctimas en personas muy vulnerables, con un miedo terrible a denunciar. Así, de las 600 investigaciones abiertas desde el 2012, 48% casos se archivaron y solo 66 acabaron en condena.
