El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detenido a siete personas e investiga a otras 16 más, pertenecientes a tres grupos organizados que actuaban de forma independiente, dedicados a la compra y suministro de desmogues de ciervo y gamo de forma fraudulenta. El destino de las astas era el mercado asiático, concretamente Hong Kong, donde se transforman en productos «medicinales» y «terapéuticos» y mercados de EEUU y Canadá, donde eran transformados en productos para perros.
La operación se inició en abril del 2018, según reveló ayer el Seprona en una rueda de prensa en Jaén, con motivo de la vigilancia y control de la compra, venta, transporte, almacenamiento y destino de aprovechamientos cinegéticos.
La Guardia Civil inspeccionó a los principales compradores de este tipo de aprovechamientos cinegéticos, comprobando que los principales puntos de compra y suministro a grandes exportadores se encontraban en La Carolina, Navas de San Juan, Baños de la Encina y Andújar. Al realizar un estudio pormenorizado de las facturas, los agentes pudieron observar irregularidades, comprobando la existencia de personas que figuraban como proveedores, las cuales residían en distintas provincias del territorio nacional.
Los agentes localizaron tres organizaciones delictivas, perfectamente estructuradas, pero diferenciadas e independientes entre sí que operaban en estas localidades de Jaén. Se calcula que en los últimos cinco años, la venta a través de mayoristas ha ascendido a 425.088 kilos de astas de ciervos y gamos por importe de 11.912.382 euros.
TESTAFERROS / El cabecilla del grupo proporcionaba un lugar físico para las operaciones, dando de alta en la Seguridad Social a testaferros a los que obligaba abrir cuentas bancarias destinadas a blanquear dinero. Los testaferros se dedicaban a la captación de otras personas para la firma de facturas, todo ello, a cambio de compensaciones económicas, realizando transferencias bancarias y falseando los datos ante la Agencia Tributaria.
La Guardia Civil ha constatado que hay 87 personas perjudicadas en las provincias de Albacete, Asturias, Cantabria, Cádiz, Almería, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, Huesca, Lleida, Logroño, Madrid, Menorca, Oviedo, Sevilla, Soria y Toledo.
