Nueve personas mueren cada día en el estado de Nueva York de una sobredosis de opioides. Es el doble que hace solo seis años, otra de las cifras demoledoras de la epidemia de adicción que consume EEUU, donde en las dos últimas décadas han fallecido más de 400.000 personas por consumo de opiáceos, con receta o ilegales. Es una plaga compleja y en evolución en la que se conjugan numerosos factores pero desde el principio en cualquier narración aparece un nombre propio: Sackler. Y se estrecha el círculo legal y social sobre esta familia que fundó Purdue, la farmacéutica que desarrolló OxyContin, el analgésico narcótico identificado como raíz de esta crisis.
En los últimos días varios hechos han intensificado un poco más ese cerco. Este jueves, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda en la que, entre farmacéuticas, distribuidoras y farmacias a las que se piden responsabilidades, aparecen con nombre y apellido ocho Sacklers. Y el pliego de cargos, construido en parte sobre la base de otra demanda en Massachusetts que ya arrojó luz sobre el papel fundamental que desarrollaron en la crisis implicándose personalmente en la agresiva y engañosa promoción del OxyContin como menos adictivo de lo que era, realiza uno de los retratos más demoledores hasta la fecha de la familia, una de las más ricas de EEUU y durante décadas nombre clave en la filantropía y las artes a ambos lados del Atlántico.
La demanda neoyorquina asegura, por ejemplo, que los Sackler fueron metódicos intentando borrar restos documentales que pudieran revelar los beneficios de Purdue. O que votaron para pagarse a sí mismos millones de dólares a menudo colocándolos en compañías fuera de EEUU. Se explica que cuando Purdue empezó a ser investigada, los Sackler crearon una nueva compañía para seguir vendiendo opioides, Rhodes, que llegó a hacerse mayor que Purdue.
Para la fiscalía neoyorquina algunos de esos son actos «de mala fe» con los que la familia Sackler, con una fortuna valorada por Forbes en 14.000 millones de dólares, intenta esconder parte de su dinero para evitar hacer frente a potenciales multas y responsabilidades legales.
También esta semana en Oklahoma se anunció un acuerdo de Purdue con la fiscalía para evitar un juicio que debe arrancar en mayo. Pagando 275 millones de dólares, la empresa evitará sentarse junto a otras farmacéuticas en ese banquillo y someterse a un juicio en el que se van a permitir cámaras de televisión. Del total, 75 millones no los paga la farmacéutica, sino los Sackler, que evitan así la exposición pública.
Pero los Sackler difícilmente podrán pagar para escapar del escrutinio en todos los procesos en su contra. Porque son 35 estados además de Oklahoma y Nueva York los que han presentado demandas que les salpican. Y en Ohio un juez federal intenta aglutinar en un solo proceso más de 1.600 demandas de comunidades.
La presión es tal que la empresa ha dejado que los medios especulen con la posibilidad de que podría declarar la bancarrota. Los Sackler empiezan a ser cada vez más parias en un universo donde han brillado hasta ahora: el de la filantropía en artes, educación y ciencia. La semana pasada el museo Guggenheim de Nueva York, la National Portrait Gallery y las galerías Tate de Londres anunciaron que rechazarán donaciones de la familia.
