La revuelta francesa de los ‘chalecos amarillos’ ha sacudido la Cumbre del Clima de Katowice hasta el punto de que en todos los debates figura la necesidad de que la transición a una economía sin combustibles fósiles no debe dejar a nadie por el camino. Ha calado el mensaje de que si la transición no es justa será imposible llevarla a cabo. La ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha apuntado este miércoles que uno de los caminos para evitarlo sería destinar lo recaudado por la fiscalidad ambiental a medidas sociales dirigidas a los colectivos afectados por esta ésta.
Francia, uno de los países que ha liderado la lucha contra el cambio climático (propició en el 2015 los históricos acuerdos de París), “ha llegado en estado de ‘shock’ a la cumbre y los demás países intentamos entender lo que ha ocurrido”, ha contado Ribera a los periodistas. La espoleta de la revuelta fue un aumento de los impuestos 'verdes’ a los combustibles, no solo al diésel, y muy superior de la que plantea el Gobierno para España.
Discriminación
El problema, según Ribera, es que en vez de ir acompañada con medidas sociales lo fue con una rebaja impositiva de las rentas altas y “la gente que lo pasa peor ha protestado”. “Hay que tener en cuenta que fuera de la áreas metropolitanas el transporte en vehículo es una necesidad”, ha admitido.
Una de las medidas adoptadas por el presidente francés Emmanuel Macron para frenar las protestas ha sido la subida del salario mínimo, algo que ya está en la agenda del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Los pocos impuestos ambientales con que cuenta España no tienen en su gran mayoría un destino finalista. El Gobierno de Sánchez sí había previsto, en cambio, que un tercio de lo recaudado por el nuevo impuesto al diésel fuera destinado a subvencionar el coche eléctrico.
Efectos adversos
El principal instrumento del que se dotará España para que “nadie se quede en el camino” será la Estrategia Nacional de Transición Justa que el Gobierno aprobará próximamente y que “servirá para anticiparse a los efectos adversos que se pueden producir en algunos territorios”.
La estrategia permitirá apoyar “iniciativas económicas idóneas” para los diferentes contextos económicos y laborales de las zonas afectadas en las que podrán participar empresas, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones, ONG ambientales y las diferentes administraciones.
La ministra ha puesto de ejemplo el acuerdo firmado por el Gobierno y el sector de la minería del carbón para afrontar la consecuencias del cierre de las minas.
Regreso imprevisto de Guterres
Al margen de este debate, la cumbre ha entrado en su fase decisiva con las negociaciones bloquedas en un asunto clave: la aprobación de las reglas para que el Acuerdo de París pueda aplicarse. Ribera ha empezado a ejercer como “facilitadora” de la negociación junto a un ministro de Sudáfrica, mientras el secretario general de ONU, Antonio Guterres, ha vuelto a la cumbre de modo imprevisto para intentar evitar que la conferencia acabe en fracaso.
“Las cuestiones políticas claves no han sido resueltas. La lucha contra el cambio climático es una cuestión de vida o muerte. Es la última oportunidad para frenar lo que hoy está fuera de control”, ha arengado a los delegados de los casi 200 países para que dejen al margen “las diferencias que les dividen” en lo que él mismo ha reconocido que es una “llamada dramática”.
