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ACCIÓN JUDICIAL EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Querella contra los cinco exministros que impulsaron el almacén del Castor

Acusan a Clos, Sebastián, Álvarez, Espinosa y Soria de prevaricación, fraude y malversación . Responsabilizan a ACS de urdir «un plan delictivo» para obtener «un altísimo beneficio empresarial»

 

Fabra (segundo por la izquierda), Soria y García-Margallo visitan la plataforma en octubre del año 2013. - EFE

REDACCIÓN sociedad@cordoba.elperiodico.com BARCELONA
28/02/2018

La Audiencia Nacional tiene sobre la mesa una querella contra varios exministros, antiguos cargos públicos y empresarios que impulsaron el proyecto Castor por los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

Presentada el pasado jueves por la Red del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), que ejerce la acusación popular, esta nueva acción judicial pone el foco de la exigencia de responsabilidades sobre el negocio y la deuda generados por el fracasado almacén de gas submarino –que puede superar los 3.300 millones de euros-.

Concretamente, la acción se dirige contra los exministros de Industria socialistas Joan Clos y Miguel Sebastián, así como el del PP José Manuel Soria; el exsecretario general de Industria, Ignasi Nieto; la exministra de Fomento del PSOE y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Magdalena Álvarez; la exministra socialista de Agricultura y Medio ambiente Elena Espinosa; el ex consejero de Urbanismo valenciano, Juan Cotino; el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro; y el de ACS, Florentino Pérez.

La querella responsabiliza el máximo dirigente de ACS de haber urdido, entre los años 2007 y 2008, «un plan delictivo dirigido a obtener, mediante el desarrollo del proyecto Castor, un altísimo beneficio empresarial ilícito derivado de la construcción de la infraestructura, su explotación y la materialización de su financiación sin riesgo para la empresa».

Esta tesis principal abona la idea que el almacén de gas submarino se concibió, esencialmente, como un negocio especulativo centrado en su construcción y blindado administrativamente. Los querellantes recuerdan que, desde el punto de vista energético, el Castor pasó de ser estratégico a innecesario a ojos de los responsables de la planificación gasista estatal –la Comisión Nacional de la Energía-, que en 2012 ya reclamaban medidas para garantizar la estabilidad económica del sistema ante modelos retributivos que ofrecían «incentivos a los promotor para construir estos instalaciones cuando la retribución se basta atractiva aunque no sean necesarias por error de la planificación».

Entre los principales aspectos, el ODG recuerda el decreto de concesión aprobado por el Gobierno del PSOE en 2008, en el cual se preveía, por primera vez en una infraestructura de este tipo, indemnizar la empresa concesionaria a pesar de que llegara a actuar de forma dolosa o negligente. Una norma que se gestó durante el mandato de Joan Clos y que aprobó su sucesor, Miguel Sebastián.

SOCIO / La querella apunta también que el secretario general de Industria con Clos como ministro, Ignasi Nieto, fue socio en una empresa con el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro. También señalan la aprobación de la evaluación de impacto ambiental, con Elena Espinosa como ministra de Agricultura y Medio ambiente, que fue aprobada sin exigir a la empresa un estudio de riesgo sísmico –tal y cómo habían reclamado instituciones científicas-.

La querella recuerda también la decisión del Ministerio de Fomento, el marzo de 2008, de corregir –al poco de su publicación- los límites marítimos porque la superficie de la concesión del proyecto Castor pasara a depender íntegramente de la Generalitat Valenciana, hecho que dificultaba la intervención de la Administración catalana, crítica con el proyecto.