El profesorado andaluz tendrá la consideración de autoridad pública

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el presidente andaluz, Juanma Moreno, valoró que es un proyecto que «coloca a los profesores en el lugar que les corresponder por ostentar la responsabilidad de formar a jóvenes» y recordó que es una vieja reivindicación del sector. Además, garantizará la asistencia jurídica y psicológica del profesorado y establecerá un marco de normas y medidas disciplinarias, dentro de los planes para el fomento de la convivencia en los centros.

Igualmente, la norma promueve el trato, la consideración y el respeto a los docentes en el ejercicio de sus funciones y competencias, tanto por parte del alumnado y las familias como del resto de profesorado y otro personal que preste su servicio en los centros. Para ello, el texto recoge derechos del profesorado como tener la potestad y la autonomía para tomar las decisiones necesarias, de acuerdo con las normas de convivencia del centro y con la normativa, que le permitan un clima adecuado que favorezca el estudio y el aprendizaje durante las clases y en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar.

La Administración educativa velará por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña y realizará campañas que favorezcan su prestigio social.

Respecto a la presunción de veracidad, en los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por el profesorado tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar el propio alumnado.

Asimismo, están incluidos en el anteproyecto de ley los actos contrarios a la integridad física o moral del profesorado cuando se produzcan en el ejercicio de su función docente. Así, contempla el principio de responsabilidad y reparación de daños en los casos de agresión física o moral al profesorado causadas por el alumnado o por personas relacionadas con él.

Al margen de la responsabilidad civil o penal, incluye la petición de excusas y reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en privado, según los hechos. Los alumnos también estarán obligados a reparar los daños o hacerse cargo del coste que causen de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, teniendo en cuenta que los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda legalmente.

El ámbito de aplicación de la futura ley será en los centros educativos, servicios, programas y actividades que se realicen en los colegios e institutos en horario escolar y se extenderá al conjunto de actuaciones que desarrollen los centros para ofrecer nuevos servicios y actividades al alumnado fuera del horario lectivo y que requieran la presencia de profesores. El texto establece el deber de colaboración de las familias y de las instituciones públicas cuando un profesor necesite recabar información para el ejercicio de la función educativa.

EDUCACIÓN INFANTIL / Por otro lado, el Consejo de Gobierno manifestó ayer su criterio favorable a una proposición de ley del PSOE, a tramitar ante el Congreso, para reconocer la gratuidad y universalidad del primer ciclo de Educación Infantil. La iniciativa recoge que el Estado transferirá a las comunidades el crédito suficiente para garantizar la gratuidad del servicio de atención socioeducativa, incluido el comedor.