El juez ha dictado prisión provisional sin fianza para el líder de Vox en Lleida José Antonio Ortiz Cambray, detenido por los Mossos d'Esquadra el martes, día 5 de marzo, por presuntos abusos sexuales a personas con discapacidad intelectual. En este momento procesal, son dos las víctimas que hay en la causa.

Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juzgado de instrucción 3 de Lleida, en funciones de guardia, ha recibido el caso y, tras la declaración, la magistrada ha acordado prisión provisional sin fianza y prohibición de comunicación. La causa, según estas fuentes, está abierta por los delitos de abuso sexual y pornografía sobre dos personas con incapacidad. Ortiz Cambray se presentaba como líder de la formación ultraderechista en Lleida, aunque una vez detenido, Vox negó que lo fuese y le suspendió la militancia el miércoles.

Denuncia de dos víctimas

José Antonio Ortiz fue detenido el martes por la tarde en su sitio de trabajo y ayer jueves compareció en la oficina del Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) de Lleida donde se le tomó declaración a una de las supuestas víctimas. La detención se produjo después de una denuncia de dos personas con discapacidad de unos 30 años que están tutelados por la Fundació Alosa de Lleida y que trabajan para Aspros.

El líder de Vox en Lleida ha pasado este viernes a disposición judicial después de que los Mossos hayan agotado el máximo legal de 72 hores bajo custodia para seguir investigando los hechos. La policía ha analitzado el ordenador y el teléfono de José Antonio Ortiz para hallar pruebas que le incriminen, como imágenes de contenido sexual.

Ayer jueves y bajo custodia policial, Ortiz fue trasladado cerca de los juzgados. Asistió a la comparecencia de una de las víctimas del EATAV, que vio detrás de un cristal que facilita la intimidad y seguridad de la víctima, sin que hubiera contacto visual entre víctima y detenido. La Fundació Alosa fue la que detectó mensajes de Whatsapp fuera de lugar entre los dos denunciantes y Ortiz. La policía sospecha que podría haber más afectados, incluso menores de edad con discapacidad.

Ortiz se ganaba la confianza de las víctimas para después contactar con ellas, pero él no es trabajador de ningún centro que atienda a personas con discapacidad.