La Policía Nacional y la Guardia Civil quieren revisar 200 casos de violencia machista, que incluyen entrevistas a condenados por este delito, con el objetivo de fijar el patrón de conducta de estos individuos y establecer mecanismos de prevención para potenciales agresiones a mujeres. Hasta el momento se han estudiado 30 casos de diferentes provincias y otros 28 se encuentran en revisión. El objetivo es alcanzar los 200 casos, según han detallado a Efe fuentes de Interior después de que el titular del departamento, Juan Ignacio Zoido, avanzase estos trabajos en TVE.

«La Policía y la Guardia Civil tienen auténtica obsesión por prevenir estos delitos. Siempre estamos dando pasos adelante», aseguró Zoido, quien explicó que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo varias entrevistas a condenados por violencia machista en su estrategia de prevención de agresiones a otras mujeres. Este proyecto prevé estudiar varios asesinatos en seis comunidades autónomas diferentes y se van a revisar otros cinco homicidios en grado de tentativa ocurridos en la Comunidad de Madrid.

Cuando se disponga de «material suficiente» se podrá elaborar un informe general al respecto y trabajar en el diseño de un «formulario de valoración policial de riesgo de feminicidio» para incorporarlo al Sistema VioGén.

Este trabajo lo está llevando a cabo un grupo de expertos, estable en el tiempo, especializado y multidisciplinar, integrado por fiscalía, judicatura, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, universidades, colegios profesionales, Instituciones Penitenciarias y cuerpos policiales.

REVISIÓN PORMENORIZADA / El proyecto, basado en experiencias de países donde los aplican desde hace más de 20 años, persigue una revisión pormenorizada de los homicidios machistas. Para ello, se estudia todo el material policial; se identifica y contacta con el entorno de la víctima; se desplazan hasta el lugar de los hechos, y se llevan a cabo entrevistas en profundidad, pero de carácter voluntario, con el propio asesino en la cárcel.

Una vez recopilada la información, se emite un informe en el que se detallan los hallazgos sobre «indicadores de riesgo» de cada caso, así como las circunstancias que facilitaron o impidieron su adecuada identificación en el momento del crimen. Con todo esto se pretende encontrar la explicación «precisa» a cada muerte violenta, aportando luz sobre los factores de riesgo que se van adoptando.

TRABAJO ENTRE MINISTERIOS / Paralelamente, el Gobierno ha anunciado que creará dos órganos permanentes para hacer frente a la violencia machista que, entre otras funciones, revisarán los fondos asignados para ello a ayuntamientos, comunidades y ministerios, evaluarán las órdenes de protección y reforzarán las medidas dirigidas a los niños. Es el acuerdo que han alcanzado los ministros del Interior, Juan Ignacio Zoido; la de Sanidad, Dolors Montserrat; el de Justicia, Rafael Catalá; y el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, que ayer se reunieron tras los últimos datos de crímenes machistas, que sitúan el inicio de 2017 en el peor periodo desde hace una década.

Uno de los órganos, consistente en una mesa permanente de valoración, prevención y lucha contra la violencia machista, estará presidido por la delegada de Gobierno de la Violencia de Genero, el director general de Evaluación y Coordinación Territorial de Educación y el director adjunto operativo (DAO) de Interior.

El otro, que estará presidido por Montserrat, agrupará los cuatro ministerios, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las autonomías por turnos de dos y los portavoces de los grupos parlamentarios, y se encargará de aplicar legalmente las conclusiones de la subcomisión de violencia creada en el Congreso.

Entre las misiones de estos nuevos órganos estarán además profundizar en la formación de todos los agentes implicados de los ámbitos sanitario, de la judicatura y de la fiscalía, mejorar la prevención en las redes sociales, sobre todo de los menores, y revisar y actualizar los protocolos de actuación interministeriales vigentes.