Las aguas bajan revueltas en la política andaluza en los últimos tiempos a cuenta de las decisiones tomadas por el Ejecutivo regional de PP y Cs durante el estado de alarma a causa del coronavirus. Adelante Andalucía amenaza con llevar a la Junta a los tribunales tras conocer el recorte de plazas para menores extranjeros tutelados, que dejaría desamparados a más de 300 chicos según sus cálculos. Un reajuste justificado por el descenso de llegadas en los últimos tiempos, dice el Gobierno andaluz. Sin embargo, la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía anuncia ya la apertura de una queja de oficio tras la retirada de la financiación, "que traerá consigo la supresión de 407 plazas residenciales subvencionadas".
La noticia de los recortes para los menores extranjeros, y por tanto de la financiación para sus actividades, sorprendió a las oenegés y colectivos sociales a finales de la semana pasada, según adelantó este fin de semana el diario Ideal. En su mayoría son organizaciones que, además de un primer diagnóstico y alojamiento, proporcionan programas de formación e integración sociolaboral para llevar una vida autónoma una vez alcanzan la mayoría de edad.
Adelante Andalucía exigirá explicaciones al Gobierno andaluz en el pleno que se celebrará esta semana, según anunció este lunes la parlamentaria Maribel Mora, quien reprochó que la decisión de eliminar las plazas de centros de menores se haga aprovechando la cortina de humo del coronavirus, lo que además pone en riesgo la seguridad de estos chicos. Si un solo niño bajo tutela de la Junta de Andalucía se queda sin techo, pondremos este asunto en manos de la Fiscalía de Menores", advirtió. También el Defensor del Pueblo andaluz se ha hecho eco de la situación, y asegura que se ha visto obligado a intervenir tras la denuncia de una de las asociaciones afectadas "para interesarnos por la continuidad de la prestación asistencia a los menores inmigrantes".
"Reubicación de plazas"
"Reubicación de plazas" Así, solicita al Ejecutivo regional un informe sobre los motivos que provocan la modificación de estos programas. Una supresión que, según expresa el Defensor en un comunicado en su web, llega cuando la atención a los menores "se ha visto agravada como consecuencia de la situación excepcional generada a continuación del estado de alarma sanitaria decretado por el Gobierno de España por la pandemia de covid-19", circunstancia que ha llevado a las asociaciones "a redoblar sus esfuerzos para la atención de los menores cumpliendo con las medidas de restricción de desplazamientos y confinamiento domiciliario para evitar la propagación de contagios de la enfermedad".
Según el Defensor, se verían afectadas 407 plazas, de las que 195 están ocupadas en estos momentos por menores y 146 por jóvenes que ya habrían alcanzado la mayoría de edad. Así, las 66 restantes estarían a disposición del ente público "y en espera del ingreso de algún menor".
Sin embargo, la Junta, a través del vicepresidente y consejero de Justicia, Juan Marín, insiste en que ningún menor extranjero no acompañado se va a ver desatendido en ningún momento. En rueda de prensa tras el consejo de Gobierno, matizó que lo que se ha producido es una una reubicación de plazas en función de las necesidades de este momento. Y se ampliará cualquier presupuesto que sea necesario si finalmente este verano aumentan la llegada de estos chicos a las costas andaluzas. Marín aprovechó para dejar la pelota en el tejado del Gobierno central, ya que la Junta reclama que sea éste quien asuma la financiación de los menores extranjeros con el argumento de que Andalucía es solo la puerta de entrada, y por tanto no es un problema regional. Es un problema del Gobierno de España, insistió Marín.
Críticas a la "especulativa" nueva Ley de Suelo
Críticas a la "especulativa" nueva Ley de Suelo La oposición también reprocha que, en plena crisis sanitaria, el Ejecutivo regional plantee una nueva ley del suelo que favorece la especulación y los intereses privados, y supone reflotar la burbuja inmobiliaria que causó la crisis de 2009. El proyecto de la nueva ley inicia su andadura tras el visto bueno del Consejo de Gobierno este lunes, y supone la derogación de tres leyes y tres decretos ya en vigor, además de modificar el articulado y disposiciones de otras 19 leyes y decretos. El objetivo, explica el ejecutivo, es terminar con el verdadero laberinto para la planificación urbanística existente en la comunidad, que encorseta el desarrollo de cualquier proyecto y merma la capacidad de crecer. Y destacan que cientos de municipios llevan años atascados con sus planes urbanísticos.
De esta forma, y con la principal industria regional, el turismo, paralizada con el coronavirus, Andalucía trata de reactivar la economía concentrando sus esfuerzos en la construcción. El reto, como reconocieron en las últimas semanas, es que este sector sea capaz de reabsorber todo el empleo destruido por el cierre de hoteles, bares o restaurantes.
Sin embargo, los socialistas denuncian que el proyecto supondrá la supresión de controles a nuevos campos de golf, al vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico y a obras en el entorno del patrimonio histórico-artístico", al tiempo que elimina también los planes especiales o de actuación necesarios para garantizar la participación ciudadana en proyectos urbanísticos y en la implantación de explotaciones mineras. El PSOE subraya además que durante los últimos ocho meses se han realizado modificaciones en la vigente ley de ordenación urbanística de Andalucía siempre por la puerta de atrás, según expuso el portavoz parlamentario adjunto, Rodrigo Sánchez Haro, por decreto y dejando fuera al Parlamento, sin participación de los grupos políticas ni de la ciudadanía".
