Las aguas bajan revueltas en la política andaluza en los últimos tiempos a cuenta de las decisiones tomadas por el Ejecutivo regional de PP y Cs durante el estado de alarma a causa del coronavirus. Adelante Andalucía amenaza con llevar a la Junta a los tribunales tras conocer el recorte de plazas para menores extranjeros tutelados, que dejaría desamparados a más de 300 chicos según sus cálculos. Un reajuste justificado por el descenso de llegadas en los últimos tiempos, dice el Gobierno andaluz. Sin embargo, la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía anuncia ya la apertura de una queja de oficio tras la retirada de la financiación, «que traerá consigo la supresión de 407 plazas residenciales subvencionadas».
La noticia de los recortes para los menores extranjeros, y por tanto de la financiación para sus actividades, sorprendió a las oenegés y colectivos sociales a finales de la semana pasada, según adelantó este fin de semana el diario Ideal. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, afirmó ayer que «ningún menor extranjero no acompañado se va a ver desatendido» y explicó que se ha producido una «reubicación de plazas».
