El Ministerio de Sanidad dispondrá este mes de las bases de lo que será la futura ‘ley del alcohol’, ya que la ponencia del Parlamento que ha estado estudiando durante un año cómo reducir el consumo en menores le hará llegar el informe con recomendaciones a partir del cual elaborará su proyecto normativo, informa Efe. Así está previsto que ocurra, según avanzaron fuentes de la ponencia de estudio «Menores sin alcohol», creada en marzo del pasado año en el marco de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas y cuyas conclusiones guiarán la futura ley con la que se intentará frenar el consumo de esta sustancia.

La ponencia ya ha consensuado un informe preliminar, con numerosas recomendaciones y la primera es que se elabore una ley de prevención del alcohol para menores que tenga como principal objetivo retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años y se incremente la percepción social del riesgo del mismo Una ley, además, que tendría que estar dotada de una financiación «clara, pública, suficiente y finalista», según señalan los ponentes. Los grupos lo votarán y después el informe final lo trasladarán a Sanidad para que elabore una ley de ámbito estatal en la que se regulen por igual en todo el territorio nacional las mismas disposiciones sobre oferta y demanda de bebidas alcohólicas para prevenir los efectos perjudiciales del consumo en los menores. Los parlamentarios esperan que esta vez sea la definitiva porque durante varias legislaturas se han propuesto anteproyectos e informes, que no han fructificado finalmente en una ley a nivel nacional. Actualmente, las que mandan son normativas estatales, que regulan aspectos parciales del asunto, como lo hacen otras normas autonómicas y numerosas disposiciones municipales. En el informe, los grupos recomiendan a las administraciones mejorar los sistemas de control sobre los puntos de venta de alcohol, limitar los horarios de venta en comercios y aumentar las sanciones a los establecimientos que vendan a menores. Se aconseja, incluso, el posible cierre temporal de un local que sea reincidente en denuncias por vender alcohol a menores, y la prohibición de iniciativas, como las happy hour o dos por uno porque animan al «atracón», o la venta de alcohol en gasolineras.

Otra de las recomendaciones acordadas es revisar el número de locales de venta de alcohol que hay alrededor de las zonas frecuentadas por los menores, como los colegios, y analizar si es conveniente prohibir bebidas alcohólicas en máquinas expendedoras. Proponen, además, que se fije una distancia en las zonas en las que se encuentran menores a partir de las cuales no se pueda hacer publicidad sobre estas bebidas, y limitar también ésta en el transporte público, en televisión e internet, especialmente en redes y web que sean utilizadas por los jóvenes. Regular mejor las sanciones relacionadas con el consumo en la calle y ofrecer la posibilidad, tanto a padres como a menores, de poder reemplazarlas por acciones en beneficio de la comunidad u otras reeducativas o rehabilitadoras son otras de las propuestas. Pero los parlamentarios inciden también en la importancia de más medidas porque se trata de un asunto de «salud pública», que debe ser tratado desde todos los puntos de vista: psicosocial, familiar, educativo, laboral, asistencial o publicitario y la seguridad vial.