Las ejecuciones se redujeron prácticamente en una tercera parte durante el año pasado, según el informe anual que elabora Amnistía Internacional. La cifra supone el registro más bajo de los últimos 10 años en lo que se refiere a la pena de muerte. Las estadísticas, no obstante, no incluyen las sentencias de muerte en China, cuyas cifras siguen catalogadas como secretos de Estado, si bien se presume que alcanzan miles de casos. Tampoco contribuyen a la mejora de los registros un grupo de países -Bielorrusia, EEUU, Japón, Singapur y Sudán del Sur- en los que las ejecuciones se han incrementado, a los que hay que sumar los estados que han decidido añadirse a tan macabra causa -Tailandia y Sri Lanka-. Este drástico descenso demuestra que «incluso los países más insospechados están comenzado a cambiar sus prácticas y darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución», expuso ayer el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo. Entre esos estados figura Irán, que experimentó una caída del 50% «coincidiendo con la reforma de su legislación antidrogas», según el análisis, que también destaca los casos de Irak, Pakistán y Somalia. En consecuencia, las ejecuciones oficialmente identificadas pasaron de las 993 en el 2017 a las 690 (como mínimo) del año pasado. 19.000 personas se consumen hoy en los corredores de la muerte.