Los grupos parlamentarios comenzarán hoy las reuniones destinadas a fraguar el pacto de Estado contra la violencia machista cuyo embrión surgió hace siete meses en el Congreso. Tras escuchar a 70 expertos, los ponentes de la subcomisión de la Cámara baja tienen hasta el 16 de junio para acordar sus conclusiones. Aunque los partidos auguran intensos debates, la percepción y disposición mayoritaria es rubricar el pacto, que ha pasar el filtro del Gobierno y, en una segunda fase, ser sometido al acuerdo de comunidades, ayuntamientos, poder judicial y sociedad civil.

Precisamente, los ministros de Presidencia, Interior, Sanidad, Justicia y Educación mantuvieron ayer una reunión con la que quisieron visualizar que el Ejecutivo ha empezado el trabajo necesario para «hilvanar» el acuerdo. Pese a ello, la titular de Sanidad, Dolors Monserrat, no se comprometió con una fecha límite y solo mostró su esperanza en que se alcance «este año».

De ser así, uno de los platos fuertes consistirá en ampliar el concepto de violencia de género a todas las formas de agresiones contra la mujer contempladas en el Convenio de Estambul ratificado por España: el maltrato físico, psicológico y sexual; la mutilación genital; el matrimonio, aborto y esterilización forzadas; y el acoso. La ley integral impulsada por Rodríguez Zapatero se circunscribió al ámbito de la pareja, según explicó el exdelegado del Gobierno para esta lacra, Miguel Lorente, como medida de choque para mejorar la atención a las mujeres que la sufren y para aumentar la concienciación. Sin embargo, la sociedad «ha madurado», opinó, y ahora es necesario dar una respuesta más amplia, como ya se recoge en legislaciones autonómicas como la catalana. No se busca aumentar de forma genérica las penas sino mejorar la asistencia para las víctimas y la prevención de los delitos.