El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha detallado este jueves en una comparecencia a petición propia en el Congreso sus planes al frente de este departamento de nueva creación, la inmensa mayoría recogidos en el acuerdo de coalición firmado con el PSOE. El también líder de Unidas Podemos ha resumido en ocho medidas sus objetivos para consolidar en España «el cuarto pilar del Estado del Bienestar», y se ha detenido especialmente en la Agenda 2030 y en las intenciones de la recién creada dirección general de bienestar animal.

Entre las ocho medidas destaca la creación de una nueva prestación que garantice un ingreso mínimo vital igual en toda España, frente a «los desequilibrios, los bajos niveles de cobertura y la descoordinación» que existe en las prestaciones autonómicas, según denunció. En este contexto, matizó que se aprobará una ley marco que «consagre» los servicios sociales públicos, aumentando la dotación estatal de los mismos. Asimismo, se aprobará un «plan de choque para reimpulsar la dependencia» con el compromiso de reducir el 75% de las listas de espera en esta legislatura, lo que supondrá, según destacó, creación de empleo y «tendrá impacto en la igualdad de género», dado que los cuidadores de las personas dependientes son mayoritariamente mujeres.

Más allá de las políticas del tercer sector, la nueva vicepresidencia tiene competencias en infancia, familias y juventud, entre otras. En este sentido, Iglesias reiteró que la primera iniciativa legislativa de su departamento será la ley contra la violencia infantil, que él mismo ha bautizado como ley Rhodes, en referencia al pianista y activista que sufrió abusos sexuales en su infancia. Durante la pasada legislatura se aprobó un anteproyecto consensuado con las organizaciones que defienden a los menores, que ahora Iglesias podría recuperar, dado que quiere que el proyecto legal esté listo en «semanas».

Respecto a las familias, señaló que se impulsará una ley de diversidad familiar. En cuanto a la Agenda 2030, aseguró que son precisas «políticas ejecutivas» para menos de 10 años.