Más de una veintena de organizaciones sociales han mostrado su rechazo y han anunciado estudiar acciones legales ante la práctica "absolutamente ilegal" del internamiento en el Centro Penitenciario de Archidona, en Málaga, de 519 inmigrantes llegados días atrás en patera a las costas levantinas.

De entre las organizaciones denunciantes se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), ALA Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Andalucía Acoge, Asociación Abraza África, Asociación Sin papeles, Comunidades Cristianas Populares (Granada)Coordinadora de Barrios, Federación Sos Racismo, Médicos del Mundo, Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado o SOS Racismo, entre otras muchas.

Todas ellas han explicado, a través de un comunicado, que el centro de Archidona, aún sin inaugurar, "es una cárcel que depende directamente de Instituciones Penitenciarias", lo que supone "un hecho de una gravedad sin precedentes". Por esto, los colectivos, que apoyan la Campaña 'Territorio Libre de CIE', han recordado que la ley "impide" que los Centros de Internamiento de Extranjeros tengan "carácter penitenciario".

"Los actuales centros de internamiento son en la práctica cárceles sin los mínimos requisitos, pero internarlos directamente en centros penitenciarios es inaceptable y supone dar un paso más en la criminalización de la población inmigrante. No podemos entender cómo el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha dado el visto bueno para esta operación", ha expuesto en el escrito.

Por ello, y de manera paralela, las diversas organizaciones sociales van a presentar una queja al Defensor del Pueblo Español por esta decisión que, a su juicio, "carece de todo respaldo legal". "En lugar de dispositivos de acogida, el Ministerio de Interior se ha apresurado en maniobrar de forma que se prive de libertad a estas personas, saltándose la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia", han denunciado.

Además, dada la "improvisación de la que se ha hecho gala en la gestión de esta situación", se han mostrado "preocupados seriamente" por los derechos básicos "de toda persona que se encuentre en estas circunstancias", como son, según han ejemplificado, no superar las 72 horas de detención antes de pasar a disposición judicial, asistencia letrada y traducción adecuadas o acceso al procedimiento de asilo, hayan podido ser vulnerados antes del traslado a Archidona.

"Nuestra posición es clara: consideramos que los Centros de Internamiento de extranjeros son una aberración jurídica, unas estructuras opacas en las que se encierra a personas que no han cometido delito alguno", han criticado, al tiempo que han apuntado que, en este caso, "se trata de supervivientes de un viaje traumático en el que han arriesgado su vida" y en el que "al menos 6.000 personas han fallecido en los últimos 25 años".

Con todo, han exigido al Ministerio de Interior "que rectifique de manera inmediata" en la "utilización de cárceles para internar a personas migrantes que no han cometido ningún delito". Además, han aprovechado para pedir el cierre de Centros de Internamiento de Extranjeros y que, en su lugar, habiliten "disp"dispositivos de acogida para personas que solo buscan un futuro mejor".