El relator de la ONU sobre la extrema pobreza, Philip Alston, considera que «hay dos Españas muy distintas», una de las cuales tiene un porcentaje muy alto de ciudadanos «al borde de sus posibilidades tratando de sobrevivir» y que se sienten «abandonados» por las políticas sociales, informa Efe.

Estas son algunas de las conclusiones de Alston después de recorrer durante 12 días seis comunidades autónomas en las que ha visto «las peores situaciones» en colectivos como inmigrantes, población gitana, personas con discapacidad o familias desahuciadas», pero también un grupo de ciudadanos que vive en una situación «económica y social precaria y poco ilusionante».

Por detrás de Bulgaria y Rumania

A juicio del relator, España «está fallando» a las personas que viven en la pobreza, cuya situación se encuentra entre las peores de la UE ya que pasa del 26% de la población española, según Eurostat, y solo es superada por Bulgaria y Rumanía (32%), Grecia (31%) o Italia (27%).

Achacó esta situación a la política que se ha hecho en los últimos diez años y lamentó el alto nivel de desempleo, una gran burocracia, «una crisis de vivienda de proporciones inquietantes y un sistema de protección social completamente inadecuado».

Entre las recomendaciones que transmitirá al Gobierno y que hará públicas el próximo mes de junio en Ginebra, Alston destacó la aplicación de una renta mínima nacional, así como una reforma fiscal redistributiva porque «se recaudan menos impuestos que en países del entorno» y «la clase media recibe muchas más prestaciones que la pobre».

Expresó su preocupación por la situación de la vivienda, derecho contemplado en la Constitución, pero que en la realidad «esto no significa nada» y pidió a los legisladores que empiecen a «tomarse en serio»” este problema para parar los desahucios, incrementar la vivienda social y «limitar el precio de los alquileres en las grandes ciudades».

Alston, que alabó el sistema nacional de salud y el de pensiones de los mayores, criticó el alto abandono escolar y denunció que el sistema aporta «poca movilidad a los colectivos de ingresos más bajos», ya que «uno nace pobre y pobre se queda».

Relató sus encuentros con «gitanos que viven en basureros» y que en algunos sitios «son tratados como escoria», inmigrantes en el sur de España que están «en las peores condiciones», ciudadanos «en pie de lucha contra los desahucios» y «personas que viven con el dilema de elegir entre calefacción y comida».

Política social

También se entrevistó con responsables del Ejecutivo y elogió los proyectos que tiene el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para combatir la pobreza, al que animó «a embarcarse por el camino que lleva a la justicia social».

«Los derechos sociales tienen que ser la base de la política gubernamental plasmados en la Constitución, pero no se los toman en serio», lamentó Alston, quien demandó al Ejecutivo que coordine «el complejo sistema de descentralización», para que la «justicia social esté más distribuida y no dependa del lugar en el que la persona viva».

En este sentido recomendó también al Gobierno la creación de un grupo de expertos independientes que examine el proceso burocrático existente para acceder a las políticas sociales, al constatar «un atraso tanto en la infraestructura como en los planteamientos de los que manejan esos esquemas».

Las conclusiones y recomendaciones de Alston fueron aplaudidas por diversas ONG, como es el caso de Cáritas o la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en el Estado Español (EAPN ES), que considera que «constituyen un hito en la visibilización de las situaciones insoportables en las que viven millones de personas en España».

Por su parte, Ayuda en Acción aseguró que «si queremos que las nuevas generaciones rompan el círculo de la pobreza, urge poner en marcha medidas estructurales» sin olvidar a la infancia en este proceso.

El relator indicó que visitó zonas de España «con peores condiciones que un campo de refugiados, sin agua corriente ni electricidad».

Por ello, pidió a España que «se mire al espejo», y destacó que las decisiones más urgentes que debería tomar el nuevo Gobierno pasan por subir la renta mínima nacional, hacer una reforma fiscal redistributiva, así como por el impulso de la vivienda social y el control de los alquileres en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona