Tras la devolución exprés a Marruecos de 116 migrantes de países del África Occidental que cruzaron a España a través de la verja fronteriza con Ceuta, ha empezador a cundir el malestar (en muchos casos, la indignación) entre las oenegés que trabajan en la zona. ¿Por qué ahora y no antes se ejecuta el convenio bilateral entre España y Marruecos que se ratificó en 1992?, se preguntan. Marruecos admite, después de muchos años sin que se aplicara este acuerdo, a un grupo de migrantes subsaharianos y eso se produce en un contexto de llegadas masivas de embarcaciones a las costas andaluzas que han obligado al Gobierno español a poner en marcha un plan de emergencia para atender a los miles de migrantes llegados este verano. Solo en lo que llevamos de mes de agosto casi 2.000 personas han alcanzado suelo español a través de la vía marítima, y 12.790 consiguieron entrar en España durante todo este año.
El gesto de Marruecos y España de reactivar un convenio en desuso responde a las nuevas promesas económicas ofrecidas por Europa al país magrebí para una mayor vigilancia de la frontera sur europea. Aceptando a los migrantes, a ojos de los analistas, se estaría "disuadiendo" a las mafias en el tráfico de personas e igualmente a los propios simpapeles. Sin embargo, avisan los expertos, las migraciones forman parte de una natural movilidad intra-africana y desde el sur hacia los países del norte (en este caso Europa), fruto de la globalización, por lo que resulta "ridículo" seguir proponiendo barreras para el control de los flujos migratorios, en palabras de Medhi Alioua, experto en migraciones en la Universidad Internacional de Rabat (UIR).
Cooperación triangular
Las devoluciones de migrantes ponen de manifiesto, por otra parte, la estrecha cooperación "triangular" entre Europa-España y Marruecos y sus países vecinos africanos en materia de Interior. Pero abre un delicado debate sobre el nuevo peldaño que se sube en el intento de restringir los derechos fundamentes de los migrantes. El procedimiento de retorno de 116 migrantes en solo un día "difícilmente puede cumplir con las garantías de cualquier tramitación", denuncia José Ignacio Alcántara, letrado para Extranjeros del Colegio de Abogados de Sevilla y experto en procesos de expulsión. "Cada migrante ha tenido que ser identificado y careciendo de documentación, averiguar el país de origen", indica.
"Los cuerpos y fuerzas de seguridad deben elaborar un atestado con los datos de cada migrante", prosigue el letrado para quien un abogado de oficio tendría que haberse entrevistado personalmente con cada uno de ellos para conocer su situación de origen, si cuenta con familiares en territorio español; si padece algún tipo de enfermedad y en caso de provenir de países en conflicto, ofrecerle la protección internacional. "En el mejor de los casos estamos hablando de 30 minutos por cada migrante y teniendo, incluso, un refuerzo de otro abogado, cada letrado habría asistido a 62 migrantes y se hubieran necesitado 31 horas. Por tanto, no se ha cumplido con la reglamentación", concluye.
Las oenegés que trabajan en el campo migratorio se han sumado a esta denuncia porque no se ha garantizado el respeto de derechos humanos en el país de devolución. En la última semana, Marruecos ha emprendido una de las mayores redadas contra los migrantes en las ciudades de Tánger y Tetuán, al norte del país, para descongestionar las costas marroquíes y alejarlos de la frontera europea. Las deportaciones supusieron "arrestos en domicilio" y "utilización de la violencia" contra migrantes simpapeles y con residencia legal, denunciaron a EL PERIÓDICO, subsaharianos que ya retornaron a Tánger tras su deportación al sur de Marruecos.
La respuesta del Gobierno
Pese a todo, el Gobierno volvió a defender ayer, en mitad de la avalancha de críticas (a las que, además de las oenegés, se han sumado partidos y sindicatos). La vicepresidenta Carmen Calvo tachó de "inaceptable" la violencia vista en el salto a la valla, que se saldó con siete guardias civiles heridos, y advirtió que el Gobierno no va a consentir que haya más. La advertencia la hizo Calvo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha subrayó que la expulsión de este grupo no supone en ningún caso que el Gobierno haya variado "un solo ápice" su política migratoria.
