La segunda pata de la estrategia judicial de Rivas versó sobre su asesoría jurídica y el convencimiento de la mujer de que en todo momento estaba «cumpliendo la ley». Desde que el procedimiento para la devolución de los niños llegó a España, Juana recayó en diversos abogados de oficio, muchos de ellos vinculados al área de violencia de género, que le fueron explicando los diversos recursos que podía presentar para mantener a los niños. «Si yo no entiendo el galimatías en el que se convirtió el caso», ejemplificó su abogado, «cómo lo va a hacer alguien que no sabe de leyes». Estrategias «disparatadas», cuestionables incluso, reconoció, pero a las que la mujer se aferró «como a un clavo ardiendo» para conservar a los pequeños.
«¿Nunca le dijo nadie o le advirtió que usted estaba cometiendo un delito?», le llegó a preguntarle el juez, a lo que Rivas respondió «no, quizás que podría haber represalias judiciales pero nunca pensé que cárcel». Al no haber intencionalidad, apeló el letrado, no puede haber responsabilidad penal. De nuevo fiscal y acusación rechazaron esa falta de «intencionalidad» de sustraer a los menores o desobedecer la ley recordando que los niños fueron matriculados en una escuela granadina nada más llegar a España.
