La Policía, la Agencia de Protección de Datos y el CGPJ han abierto una investigación para determinar por qué se filtró el nombre de la víctima de ‘La manada’, que ha sido difundido en foros de internet y usado por machistas y nazis para vejarla. Si bien será complicado de determinar las responsabilidades y, según advierten los expertos, lo que todavía es peor es que no existen suficientes garantías de que no se volverá a repetir que una persona (o incluso un menor) que ha sido atacada y humillada sufra una segunda victimización al ver como su identidad es difundida en los medios de comunicación o en su entorno, pese a su expreso deseo de mantener el anonimato.
El problema radica, por un lado, en la normativa, que de forma genérica obliga a preservar la identidad, pero solo menciona expresamente a menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Y, por otro lado, es una cuestión de falta de medios, de un sistema de custodia adecuado y de formación, según coinciden jueces, abogados especialistas en tecnología, expertos en protección de datos y asociaciones encargadas de asistir a los afectados.
Según denuncian, no existe una “cultura extendida, en todos los niveles”, de la necesidad de evitar, por todos los medios, la difusión de datos protegidos. Y eso que hay protocolos para atajar la llamada doble victimización y que jueces, fiscales o la acusación puede pedir su aplicación desde el principio del proceso. Así sucedió con la denunciante del controvertido abuso sexual en los Sanfermines, y por ello el juicio se celebró a puerta cerrada, entre otras medidas de protección. Pero finalmente se filtraron sus datos debido a que, por error, en la sentencia ‘anónima’ difundida a los medios se incluyó una copia del código CSV que permite a las partes tener acceso al fallo de manera íntegra y sin vetos.
“El fallo en ‘La manada’, donde debido a su impacto se intentó tener especial cuidado, y aún así se difundió su identidad, es un exponente clarísimo de que no se presta la atención debida a la protección”, afirma Yolanda Besteiro, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, que presta atención a víctimas de delitos sexuales.
Descuidos en notificaciones
El presidente de la Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos, Ernesto Abelló, y el abogado experto en derecho de las tecnología Jorge Campanillas dan fe de que en muchos tribunales, especialmente aquellos unipersonales o con menos medios, hay frecuentes fugas de datos, como en notificaciones en tablones de anuncios o en resoluciones acumuladas en estanterías o pasillos repletos.
Incluso el moderno código CSV se ha demostrado ineficaz. Samuel Parra, socio del despacho de abogados ePrivacidad, avisa de que es “cuestión de tiempo” que alguien “consiga romper el algoritmo” y tener acceso a todas las sentencias sin anonimato. Mientras que David Maeztu, letrado especializado en tecnología, considera que lo lógico es que no bastase con tener el CSV para conseguir el documento y las partes tuvieran que identificarse con una firma digital, para evitar intrusismos.
Sin multa a las instituciones
Otro problema es que la ley de protección de testigos, que data de 1994, se ha demostrado “insuficiente”, según denuncia Carla Vallejo, magistrada y socia fundadora de la asociación Mujeres Juezas. Esta normativa permite a los acusados conocer la identidad de las víctimas, garantía procesal que puede ser usada por estos para provocarle más daño, difundiendo por ejemplo sus datos en su entorno o en los medios, si el caso es de interés público. Por ello, en su opinión habría que modificar esta ley y el Estatuto de la Víctima, para una lograr mayor protección legal a las partes con “especial vulnerabilidad”. Vallejo reclama además que haya un delito específico de difusión de los datos, independientemente de cómo se hayan obtenido estos, tanto para los filtradores como para los medios que se hagan eco. Y por último, como otros especialistas, pide mejorar la formación de los operadores jurídicos y el sistema de custodia de datos.
El nuevo reglamento europeo en la materia, que entra en vigor este viernes, impone mayores multas, pero no modificará que las instituciones solo puedan ser apercibidas, sin sanciones pecuniarias o de otro tipo, según alerta José Luis Pinar, delegado de protección de datos del Consejo de la Abogacía. Aún así, los especialistas consultados confían en que la normativa europea ayude a extender la necesaria cultura de protección de datos.
