El Ministerio del Interior va a rechazar la petición de dotar a los funcionarios de prisiones de pistolas táser, armas eléctricas de defensa capaces de provocar descargas de hasta 50.000 voltios, tal como le había trasladado la pasada semana el sindicato CSIF, mayoritario en las mesas de negociación de Instituciones Penitenciarias, según ha podido saber este diario. «No creemos que sea buena idea meter armas en prisión por una cuestión básica de seguridad», indican las mismas fuentes, que señalan también a los posibles riesgos para la salud de los presos. «No está claro que las descargas eléctricas que dan esas pistolas sean inofensivas para quienes las reciben».
La semana pasada, el sindicato CSIF envió una petición a Interior en la que advertía del «aumento de reclusos que son potencialmente muy peligrosos o de peligrosidad extrema» en las cárceles españolas. Denunciaba el «aumento de agresiones» que vienen sufriendo los funcionarios penitenciarios y pedía «abandonar la pasividad, la resignación y el buenismo».
La ley penitenciaria actual permite a los trabajadores de las cárceles usar medios coercitivos cuando sufran ataques violentos. Entre ellos están defensas de goma, aerosoles y esposas. CSIF considera que se trata de «medios del siglo pasado» y defiende añadirles «un medio defensivo eléctrico susceptible de incapacitar a un sujeto que dé muestras de agresividad o violencia inusual y una feroz resistencia», en alusión a las pistolas eléctricas. Al apretar el gatillo de una táser se disparan proyectiles con agujas que penetran en la piel de quien recibe la descarga. La corriente hace inmovilizar casi inmediatamente al objetivo y causa dolor.
Fuentes de Interior desmintieron el aumento de agresiones en las cárceles esgrimido por los sindicatos como argumento para meter las táser en las prisiones.
