Las condiciones en las que viven los menores inmigrantes no acompañados (mena) cuando son interceptados en territorio español están envueltas de graves alteraciones y "vulneraciones de sus derechos", en buena medida por la flagrante "falta de recursos" disponibles, una realidad que desemboca en situaciones como salidas de niños de los centros donde están internados "de la mano de mafias de traficantes" y de chicas que han sido "víctimas de trata de blancas" sin siquiera haber sido identificadas. Esas son algunas de las contundentes conclusiones del informe Los derechos de los migrantes no acompañados en la frontera sur española que hoy ha hecho público Unicef. Un diagnóstico cuya crudeza no impide que la llegada de menas siga pulverizando registros, con un 150% de incremento en los dos últimos años.
Unicef ha investigado sobre el terreno en Ceuta, Melilla y Andalucía, donde ha interactuado con menores, policías, autoridades políticas y judiciales, y oenegés, para concluir que el origen de la problemática radica, en buena medida, en la descoordinación y el sensible déficit de medios. El informe destaca el hacinamiento en el que conviven los migrantes y una falta de intérpretes que hace que los chavales pasen días sin poder hablar con nadie, ni siquiera para poder decir a su familia que siguen vivos. Un entorno en el que se acumulan las dificultades que deben afrontar los menores, llevando a muchos de ellos a sufrir "problemas de salud mental".
Los hándicaps se acumulan, ya sea por las demoras en la aplicación de medidas, la descoordinación o la falta de recursos, perjudicando las oportunidades de futuro de los chicos. Déficits del sistema que llevan a un escenario en el que los menores en lugar de encontrarse en un entorno protector donde se garanticen sus derechos "comienzan una etapa donde acaban siendo los más vulnerables", añade el informe. Un número creciente de ellos deciden abandonar los centros en solitario o caen en los tentáculos de organizaciones mafiosas ante la incerteza de si lograrán papeles antes de cumplir 18 años, porque no soportan "vivir amontonados" o porque se pasan el día "sin estudiar ni hacer nada", entre otros motivos.
REGISTRO RÉCORD
No obstante, la acuciante necesidad que los inmigrantes sufren en sus países de origen y la falta de información sobre la realidad que les aguarda tanto el periplo migratorio como en su destino en Europa, explican en buena medida la paradoja de que, a pesar del dramático escenario que dibuja Unicef, la cifra de menas recién llegados se haya disparado durante los dos últimos años, con un incremento del 150% en la frontera sur del país. Solo en el 2018, los niños y jóvenes llegados alcanzan los 6.063, casi un 10% de los más de 65.300 casos totales, un registro que consolida a España como la principal puerta del Viejo Continente para los africanos que buscan una vida mejor lejos de su hogar.
Como consecuencia de esta dinámica, se han duplicado los menores irregulares inscritos en el registro del Ministerio del Interior, rebasando los 13.000 a finales del año pasado. Al impacto cuantitativo de las cifras debe añadirse la grave "vulneración" de los derechos de los chavales una vez interceptados por las autoridades, según denuncia Unicef en el informe.
MEDIDAS CORRECTIVAS
"Si lo comparamos con otros países, España responde a la acogida de los niños migrantes que están solos con un enfoque de protección de la infancia, lo cual podría considerarse una buena práctica hasta que se comprueba la realidad de primera mano, constatando múltiples problemas, contradicciones y carencias muy relevantes que conducen a la desprotección de los derechos de muchos de estos niños", revela Gustavo Suárez Pertierra, presidente de Unicef Comité Español.
Para tratar de recomponer la situación, Unicef hace un llamamiento a los partidos políticos para que impulsen un "plan nacional de acción" que garantice la protección de los niños y jóvenes, al tiempo que permita su "plena integración social". Un plan que, a jucio de la entidad, debería incluir medidas como una política común en todo el territorio y un registro único de datos y traslados accesible para todas las autonomías; disponer de un plan de contingencia ante hipotéticas llegadas masivas de migrantes; el desarrollo de estándares y protocolos comunes en todos los centros, para determinar, entre otras cosas, la auténtica edad del joven, reduciendo el actual margen de error.
Asimismo, se esperan medidas que avalen el derecho a la educación, la integración social y la transición de los chavales a la etapa adulta, la promoción de las acogidas familiares y una estrategia contra el racismo y la xenofobia que se haga efectiva en todo el país.
