Después del fracaso de las pruebas de inyección el septiembre de 2013, que acabaron provocando más de un millar de terremotos durante las semanas y meses siguientes, Escal UGS acabó renunciando a la concesión en julio de 2014. Este fue el preludio del real decreto de octubre de 2014, con el cual el Gobierno aceptaba esta renuncia y compensaba la exconcesionaria con 1.350 millones de euros.
En la querella, el ODG cree que los querellados quisieron «blindar» el enriquecimiento ilícito de ACS y recuerdan que José Manuel Soria había ampliado de 5 a 25 años el periodo para renunciar a la concesión.
La querella considera el real decreto de Soria y del gobierno del PP una acción para favorecer de forma injusta, arbitraria e ilegal a Escal UGS y ACS. Así, recuerda, el Gobierno, a través de Enagás, como gestor técnico del sistema, quiso trasladar el coste del Castor a la factura del gas con una operación financiera con una devolución en 30 años y a un interés del 4,3%, que disparaba el coste de la medida hasta los 2.420 millones.
La acción judicial se dirige a la Audiencia Nacional porque entiende que se trata de la instancia competente en casos de defraudación que puedan producir graves repercusiones en la seguridad del tráfico mercantil, la economía nacional o perjuicio patrimonial general. En paralelo, el juzgado número 4 de Vinaròs mantiene abierta como causa compleja la investigación por los terremotos que causaron las inyecciones de gas al almacén submarino y en la cual se encuentran como imputados por supuestos delitos contra el medio ambiente y prevaricación ambiental una veintena de personas, entre altos cargos y funcionarios de los ministerios de Industria y Agricultura.
