El malestar de los ciudadanos por los efectos de la crisis y su insatisfacción por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos ha disparado en 2017 el número de quejas al Defensor del Pueblo, que el año pasado tramitó un total de 24.976, un 51,5% más que el año anterior. Tras entregar la Memoria 2017 de la institución en las Cortes, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, lamentó que las «actitudes imperativas y excesivamente categóricas» de las autoridades están generando ese malestar y reclamó políticas de redistribución de las rentas para superar la fractura social generada por la crisis. «La crisis cavó un pozo de desigualdades sin precedentes en España», sentenció Fernández Marugán, quien explicó que los españoles han transmitido al Defensor su «insatisfacción en los años duros de la crisis, pero también en la recuperación». A la cabeza de las quejas se sitúan las relacionadas con la tardanza y dificultades para tramitar el DNI y asuntos de Tráfico (6.008), seguidas de las relacionadas con la función pública (4.417) y con los retrasos en la Administración de Justicia (3.395). También se han recibido más de 45.000 peticiones de un referéndum sobre las pensiones públicas y y su revalorización.
